Los expertos independientes que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se van de México frustrados por no haber conseguido dar a los desesperados padres de los jóvenes una respuesta sobre el destino de sus hijos.

Los cinco expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejan tras de sí un feroz señalamiento contra la investigación del gobierno, al acusarle el domingo en su último reporte de obstaculizar su búsqueda de nuevas pistas y de no atender denuncias de torturas contra detenidos por el caso.

Antes de que su misión de un año finalice formalmente este sábado, dos de los expertos expresaron a la AFP su preocupación sobre la forma en que serán tratados los padres de los jóvenes, quienes mantienen una tensa relación con las autoridades y quieren que los expertos se queden.

"Tenemos la tristeza de irnos sin poder decir dónde están los desaparecidos", dijo el martes Ángela Buitrago, una ex fiscal colombiana.

"Es muy importante que se garantice a las víctimas su derecho a saber la verdad. Que se les proteja en todo instante por el Estado mexicano y que igualmente se preocupe el Estado mexicano por visibilizar a las víctimas", añadió.

(Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, dos de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).)

Por su parte, su colega Alejandro Valencia, un abogado colombiano, estimó que el gobierno tiene "un deber de garantía de investigar este grave caso en relación de derechos humanos".
       
"Preocupados" por los padres
       
Por petición de los padres, el gobierno invitó a Valencia y Buitrago, junto con un abogado chileno, una exfiscal general de Guatemala y un psicólogo español, a que ayudaran en las investigaciones en Marzo 2015.

El presidente Enrique Peña Nieto enfrentó duros cuestionamientos internacionales y multitudinarias protestas antes de que su gobierno los invitara a resolver este caso, que se hizo emblemático entre las decenas de miles de muertes y desapariciones de la guerra contra el narcotráfico, que estalló hace una década.

Cuando los expertos llegaron a México, el gobierno ya había concluido que los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, sur), a manos de policías locales corruptos que los habrían entregado a integrantes del cartel Guerreros Unidos.

Al confundirlos con integrantes de una banda enemiga, los narcotraficantes habrían asesinado a los jóvenes e incinerado sus cuerpos en un basurero para luego arrojar sus restos a un río, según las autoridades.

Sin embargo, sólo los restos óseos de uno de los estudiantes han sido plenamente identificados y los padres de los jóvenes nunca creyeron en la versión del gobierno, sobre todo después de que los expertos aseguraran en su informe de septiembre pasado que no hallaron evidencia científica que probara que los estudiantes de magisterio hayan sido incinerados en el basurero.

Aunque los expertos deben irse, la CIDH instaurará un mecanismo para asegurarse de que el gobierno sigue sus recomendaciones, incluyendo el seguimiento de una línea de investigación que indica que los estudiantes fueron atacados porque tomaron por error un autobús cargado de heroína.

Valencia explicó que esto podría traducirse en visitas periódicas a México, que podrían ayudar a garantizar la protección de los padres, quienes tenían muy poca comunicación con el gobierno antes de la llegada de los expertos.

"De verdad nos preocupa su situación de seguridad, su situación de protección, porque incluso en esas últimas semanas hemos visto algunas acciones no solo de revictimización frente a ellos, sino de criminalización", comentó.

Valencia también recordó que, recientemente, los medios locales difundieron una supuesta grabación de una conversación entre uno de los padres y un abogado, en la que aparentemente hablan del envío de dinero por parte de un cartel a los padres.

Aunque México tiene una ley de protección a las víctimas, Valencia dijo que "tiene que mejorar mucho", y que "dignifique más la situación de la víctima".

Los padres de los estudiantes vienen del empobrecido estado de Guerrero, y sus hijos -la mayoría de primer grado- estudiaban para ser maestros rurales.

Las familias de los jóvenes consideran que el último reporte de los expertos sacó a la luz "las grandes mentiras" del gobierno.

Mario César González, cuyo hijo Julio César se encuentra entre los desaparecidos, aseguró: "Ya no confiamos en ninguna autoridad".

Peña Nieto ha sido criticado por haberse entrevistado con los padres en sólo dos ocasiones, aunque otras autoridades han sostenido numerosas reuniones con ellos.

Tras reunirse con los expertos independientes el martes, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, aseguró que sus recomendaciones sobre atención a víctimas deben ser incluidas en las políticas públicas.
       
¿Pesquisa bloqueada?
       
Peña Nieto prometió el domingo que su gobierno estudiará el reporte de los expertos y que continuará trabajando "para que haya justicia".

El gobierno negó haber obstaculizado el trabajo de los expertos, al asegurar que le dio "acceso total" a la pesquisa y que su misión no será extendida porque ya se les dio suficiente tiempo.

Sin embargo, los expertos aseguran que las autoridades empezaron a ser menos cooperativas en enero, al bloquear entrevistas con detenidos o soldados que presenciaron la masiva desaparición.

"No tenemos certeza absoluta de qué fue lo que pasó. Tal vez las líneas de investigación se estaban acercando a algunas pistas importantes", acotó Valencia.

México | AFP