La jueza 40 de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por su presunta participación en el escándalo de corrupción y compraventa de decisiones judiciales. Lo envió a La Picota.

La jueza tomó la decisión al estimar que hay elementos que permiten inferir la posible comisión de delitos por parte de Ricaurte, teniendo en cuenta las declaraciones que reposan hasta el momento en el expediente, como la declaración de Luis Gustavo Moreno, sobre la petición de dinero al senador Musa Besaile y Álvaro Ashton, entre otros.

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"Para este despacho, se da el grado de inferencia y no solo en chismes como indica la defensa, sino en informaciones obtenidas de manera legal por la Fiscalía y que da cuenta de una posibles conductas penales", señaló en diligencia que se extendió hasta las tres de la mañana.

El juzgado desestimó los argumentos de la defensa de Ricaurte, que cuestionó que que la Fiscalía tenga en cuenta el testimonio de Moreno, por el hecho que este le habría mentido a esa entidad.

Además, indicó que esa controversia sobre lo que dicen los testigos del caso se realizará más adelante, en el juicio, y que la audiencia de medida de aseguramiento tiene carácter preliminar.

El juzgado además aseguró "que la justicia está herida" y que se está frente a una crisis institucional ante la gravedad de los hechos, que ha llevado a recientes capturas de funcionarios judiciales.

"En efecto, todos estos tipos de conductas están afectando el estado social de derecho, hacen que se pierda la  credibilidad en la justicia, que esta toga que se porta hoy, se porta con tristeza. Vemos como en la cumbre la Rama Judicial, siendo uno base, se están exponiendo posibles actos de corrupción. Es triste, duele, dolor de patria, que la justicia al parecer se vende al mejor postor", señaló.

En su duro pronunciamiento, la jueza señaló que la toga se debe portar con honor, para efectivizar loa derechos fundamentales y para buscar la pacífica convivencia, por lo que sus actuaciones tienen una responsabilidad. 

"La justicia no se debe vender, no se debe ofrecer, no se debe exponer siquiera. Son graves las conductas que se han enrostrado. Es grave que se venda la justicia por 2.000 mil millones de pesos", agregó.

La jueza cuestionó que a la diligencia no haya acudido un delegado de la Procuraduría y señaló además que Ricaurte debe ir detenido preventivamente por el riesgo de que se afecten las pruebas del proceso, valiéndose de sus contactos.

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"Para este momento puede estar en riesgo, máxime cuando la labor de la Fiscalía aún no ha culminado y se puede continuar en su recaudo. Vemos que sí se puede señalar ese peligro", señaló.

La juez señaló que la única medida que permite proteger el caso es la detención de Ricaurte en centro carcelario. "Al parecer los tentáculos de la corrupción llegó a las altas cortes, es el cáncer de este país", señaló la juez.

Podía "seguir traficando"

El fiscal tercero delegado, Jaime Camacho Flórez, había argumentado la necesidad de medida de aseguramiento asegurando que “nunca antes a tal alto nivel se había prostituido la magistratura”.

“Es demoledor para el Estado de Derecho, luego es de esperarse que siga delinquiendo. Es un riesgo cierto y urgente de precaver. Y existe riesgo a la integridad de la investigación y de las pruebas, dado que falta inmensa información de recaudar de pagos y las evidencias reposan en despachos que Ricaurte podría influenciar y tener acceso”.

El fiscal dijo que era urgente evitar que Ricaurte “pueda seguir traficando” con elementos judiciales.

La Fiscalía le imputó los delitos de cohecho, tráfico de influencias, concierto para delinquir y uso abusivo de información privilegiada.