Amnistía Internacional reclamó este lunes a la ONU una investigación independiente sobre los miles de filipinos muertos en nombre de la guerra contra las drogas declarada por el presidente Rodrigo Duterte y denunció abusos "sistemáticos" cometidos con impunidad.
   
La represión, que muchos filipinos aprueban, es la principal política de Duterte, pero los asesinatos nocturnos atribuidos a la policía filipina son condenados a nivel internacional. 
   
Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de erradicar el tráfico de droga matando a decenas de miles de supuestos traficantes y adictos. Dijo incluso que los peces de la Bahía de Manila se engordarían con sus cadáveres.
   
En su segundo informe sobre el tema, Amnistía aseguró que las víctimas son principalmente filipinos pobres, muchos de los cuales figuran en "las listas de vigilancia de la droga".
   
Sus nombres son entregados por autoridades locales sometidos a "presiones inmensas" por parte de la policía para que les den constantemente nombres de sospechosos.
   
"Peor aún, los que figuran en las listas de vigilancia parecen estar allí indefinidamente, sin ninguna posibilidad de ser retirados, aunque hayan seguido el tratamiento y dejado de consumir droga", afirma la oenegé.
   
En un discurso luego de que Amnistía publicó el informe, Duterte dijo que "las ejecuciones extrajudiciales están bien, pero no la corrupción". El jefe de Estado no amplió ni explicó esas afirmaciones.
   
Amnistía, que considera imposible precisar el número exacto de muertos, acusa a Manila de tener una política de "desinformación deliberada".  
   
Según el gobierno, 5.300 personas fueron asesinadas por policías pero los defensores de derechos humanos creen que la cifra se cuadriplica.
   
La oenegé, con sede en Londres, denuncia además el "carácter sistemático de las violaciones", como lo califica Nicholas Bequelin, director para Asia Oriental.
   
"Fracaso de la comunidad internacional"
   
La prensa no tiene interés en las muertes, las autoridades no investigan, ni hay adecuados programas de atención para los toxicómanos, según AI. 
   
"Esto crea un clima de impunidad total en el país, donde los policías y otros son libres de matar sin ninguna repercusión", denuncia el informe.
   
Como lo señaló en su primer reporte, Amnistía considera que "los crímenes cometidos son quizás crímenes contra la humanidad".
   
El grupo investigó la muerte de 27 personas en la provincia de Bulacán, próxima a Manila, y acusó a los policías de derribar las puertas antes de dispararle a los sospechosos y secuestrar a otros para luego matarlos.
   
La policía altera las escenas del crimen, inventa informes, roba a las víctimas, agrega el informe.
   
"El fracaso de la comunidad internacional en dar una verdadera respuesta a estas graves violaciones de los derechos humanos (...) animó al gobierno a extender la represión contra los medios independientes, activistas humanitarios y militantes políticos", continúa.
   
La oenegé llamó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a abrir una investigación independiente para "poner fin a esos crímenes, hacer justicia e indemnizar a las familias de las víctimas".
   
El llamado tuvo eco en un proyecto de resolución que propuso Islandia al Consejo, apoyado principalmente por países occidentales, y el cual será votado antes del 12 de julio.
   
El gobierno llamó a la comunidad internacional a no involucrarse en sus asuntos.
   
El portavoz del presidente, Salvador Panelo, señaló que "entrometerse en la forma en que este gobierno mantiene la paz y el orden" es una "violación a la soberanía" de Filipinas y sostuvo que Aministía "politizan" las muertes y tiene "prejuicios".