La dimisión este domingo del presidente Evo Morales, tras tres semanas de protestas contra su polémica reelección y después de perder el apoyo de las Fuerzas Armadas, dio pie a festejos en las calles y a la detención de altos funcionarios electorales, sin que se sepa todavía quién tomará las riendas del país.

"Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales", dijo Morales por la televisión desde Cochabamba (centro), mencionando a los líderes opositores que convocaron las protestas acusándole de fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.

El que fue primer presidente indígena de Bolivia, forjado políticamente como sindicalista cocalero, se fue defendiendo su legado que, según él, trajo progreso económico y social a una de las tres naciones más pobres de América Latina.

"Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales", dijo en su mensaje de renuncia el mandatario de 60 años.

Morales dijo que no abandonaría su país, pero México se ofreció a recibirle "de conformidad a su tradición de asilo", escribió su canciller Marcelo Ebrard, que habló de "20 personalidades del Ejecutivo y legislativo de Bolivia" refugiadas en la legación mexicana en la capital boliviana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y el ministro de Minería, César Navarro, fueron algunos de los dirigentes que dimitieron durante la jornada después de que sus casas fueran atacadas por opositores. 

La salida de Morales precedió las primeras detenciones de miembros del organismo electoral que certificó su cuestionada victoria en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre.

Alegría en la plaza Murillo

El candidato opositor y expresidente Carlos Mesa dijo que los bolivianos habían "dado una lección al mundo".

La plaza Murillo de La Paz, donde se encuentra el Palacio Quemado, la vieja casa de gobierno, quedó atestada de gente que celebraba con lágrimas en los ojos la renuncia de Morales, presidente de Bolivia durante casi 14 años, un récord nacional de permanencia en el poder.

"Este sonso, que no sabe pensar, se ha ido por la ventana; qué bien, estamos felices", dijo a la AFP la comerciante Reggina Sojas, de 61 años, en El Prado, la principal avenida de La Paz. 

Mientras, un grupo intentaba arriar la "whipala", el símbolo ajedrezado de las culturas indígenas, que la policía procedió a retirar de los principales edificios públicos, entre ellos, el Palacio Legislativo, el Tribunal Electoral y el Comando General de la Policía.

Poco antes, el líder cívico derechista que comandó la rebelión popular, Luis Fernando Camacho, cumplió su promesa de entrar al Palacio Quemado con una carta de renuncia de Morales en una mano y una Biblia en la otra.

Vacío de poder 

Bolivia vive ahora mismo un vacío de poder, por la renuncia de todas las autoridades que formaban la cadena de sucesión constitucional.

La Constitución boliviana establece que la sucesión recae inicialmente en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el titular de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.

Morales enfrentó este domingo una avalancha de renuncias de altos funcionarios, en algunos casos después de que les quemaran sus casas, y la presión decisiva de los militares y la policía, que pidieron su dimisión. 

"Pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia", dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Williams Kaliman Williams ante la prensa.

Cuba y Venezuela hablan de "golpe"

Dos de los principales aliados ideológicos de Morales en Latinoamérica, Cuba y Venezuela, tildaron de "golpe de Estado" los acontecimientos del domingo.

"Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente @evoespueblo", escribió en Twitter el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

Los resultados de una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) difundidos este domingo, en los que se hablaba de "serias irregularidades" en las elecciones, desencadenaron los acontecimientos que llevaron a la renuncia de Morales, que antes ofreció celebrar de nuevo elecciones sin aplacar la ira de la oposición. 

Tras la renuncia del mandatario, la policía detuvo a la presidenta del Tribunal Electoral de Bolivia (TSE) y a otros responsables electorales por orden de la fiscalía, que investiga las irregularidades en las últimas elecciones.

"Queremos anunciar que, gracias a un trabajo minucioso de la policía boliviana, se ha logrado la aprehensión de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque", dijo en rueda de prensa el comandante general de la policía, Vladimir Yuri Calderón.

El general Calderón dijo que también fue detenido este domingo Antonio Costas, quien era vicepresidente del TSE, encargado del sistema informático y quien renunció dos días después de las cuestionadas elecciones del 20 de octubre.

Costas dimitió en desacuerdo con la decisión de suspender, el día de las elecciones, un sistema de conteo rápido de votos durante 20 horas. Cuando se llevaba escrutado más del 80% de los votos por este sistema, los resultados perfilaban una segunda vuelta entre Morales y el expresidente Carlos Mesa, pero cuando se reanudó el recuento, este mostró un cambio de tendencia hacia la reelección en primera vuelta.

"Irregularidades"

En octubre, Morales, en el poder desde 2006, había accedido a un cuarto mandato en primera vuelta con el 47,08% de los votos y más de 10 puntos porcentuales por delante de Mesa (36,51%), según el cómputo oficial.

Pero el recuento de votos suscitó dudas entre la oposición que llamó rápidamente a celebrar nuevas elecciones y convocó protestas multitudinarias, que acabaron pidiendo la renuncia del presidente. 

El mandatario indígena, que siempre defendió su victoria, aceptó una auditoría de la OEA para despejar las dudas sobre los comicios. 

"La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente (...) tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral", concluyó este domingo el organismo en un comunicado. 

Según ella, "en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas". 

La Fiscalía General de Bolivia abrió luego una causa contra los siete miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afines al presidente Evo Morales, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas por la OEA.

Repercusión internacional 

En el Vaticano, el papa Francisco había exhortado en su oración matutina a los bolivianos a esperar en “paz y serenidad” los resultados de la auditoría. 

Tras conocerse el resultado, Estados Unidos pidió a la OEA que envíe una misión a Bolivia para asegurar que las nuevas elecciones sean “libres y justas”.  

En tanto, Cuba respaldó a su aliado Morales y llamó a condenar la “aventura golpista del imperialismo y la oligarquía” en Bolivia, según su cancillería.

“Manipulaciones de magnitud” 

Las protestas que estallaron tras los comicios comenzaron en la región oriental de Santa Cruz, la más rica de Bolivia, y se extendieron a otras ciudades, incluida La Paz.

El sábado habían sido incendiadas las casas de dos gobernadores partidarios de Morales, así como la de Esther, hermana del presidente, en Oruro (sur).

El sábado, Morales había convocado a los partidos opositores a un diálogo -al que se negaron-, excluyendo a los poderosos comités cívicos regionales que lo tenían cercado con protestas.

Los paros causaron pérdidas por unos 12 millones de dólares, según cifras oficiales.

La oposición había rechazado la auditoría de la OEA por considerarla una decisión “unilateral”.

Además, la oposición reprocha al mandatario que desconociera un referendo de 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un fallo en 2017 de un tribunal constitucional afín le permitió ser candidato.