La organización separatista vasca ETA anunció este jueves su disolución, en un comunicado que pone fin a la última rebelión armada de Europa occidental tras décadas de violencia que dejaron más de 800 muertos.

 

"ETA quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria", afirma la declaración, a la que puso voz el veterano dirigente Josu Ternera, fugado desde 2002 y presunto responsable de un atentado que causó 11 muertos en 1987.

 

El documento, también leído en la Fundación Henri Dunant de Ginebra, asegura que la organización "ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras" y "da por concluida toda su actividad política".

 

No obstante, advierte que sus ex miembros "continuarán con la lucha" por la independencia del País Vasco y Navarra, "cada cual donde lo considere más oportuno".

 

Madrid ya advirtió a la organización que no debe esperar rédito alguno.

 

"Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes", dijo el jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy. "No consiguió nada cuando dejó de matar (...) y tampoco va a conseguir nada ahora", insistió.

 

Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco, acusado de reprimir la cultura vasca, a ETA se le adjudican al menos a 829 personas en cuatro décadas de violencia por la independencia del País Vasco y Navarra.

 

Considerada como terrorista por la Unión Europea, ETA asesinó en atentados con bomba o tiros en la nuca a políticos, policías, militares, juristas y civiles, y también recurrió a secuestros y extorsiones.

 

Pero golpeada por las sucesivas operaciones policiales en España y Francia y ante el rechazo mayoritario de la población vasca, renunció en 2011 a la violencia y en 2017 aseguró haber entregado sus armas a las autoridades francesas.

 

El anuncio de la disolución será seguido de una "conferencia internacional" el viernes en el País Vasco francés, donde son esperados el exlíder del Sinn Fein irlandés Gerry Adams y representantes de partidos vascos pero ningún delegado de los gobiernos de Madrid o París.

Crímenes sin resolver

  

Organizaciones de víctimas siguen exigiendo que ETA asuma sus responsabilidades criminales y ayude a esclarecer 358 asesinatos no dilucidados.

 

"Este no es el final de ETA que queríamos (...) debía de haber sido diferente", afirmó Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite y hermana de un político vasco conservador asesinado en 1995, en un evento el miércoles en San Sebastián (norte).

 

"La desaparición de ETA (...) no reduce ni un ápice la responsabilidad de sus miembros de colaborar en la investigación y el esclarecimiento de los asesinatos cometidos, así como de las extorsiones, amenazas o coacciones a amplios sectores de la población", abundó en un comunicado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

   

Y es que el combate se centra ahora en el relato: mientras algunos independentistas defienden que lo ocurrido fue una lucha entre insurgentes y opresores del pueblo vasco, las víctimas y los historiadores recuerdan que ETA continuó realizando atentados, incluso con más virulencia, tras la muerte del dictador en 1975 (al menos 786 personas).

 

En ese sentido, el presidente regional vasco, el nacionalista Íñigo Urkullu, manifestó su "determinación de trabajar juntos por un futuro de convivencia normalizada, una convivencia con memoria, asentada en el compromiso ético (...) y los derechos de todas las personas".

 

El futuro de los encarcelados

   

A nivel político, la gran pregunta es qué pasará con el independentismo vasco, que tiene su expresión en la coalición Bildu, segunda fuerza del Parlamento regional con un 21% de votos en los comicios de 2016.

 

Horas después del anuncio de ETA, la formación se comprometió por boca de su líder, Arnaldo Otegi, a proseguir la lucha política por la secesión. "Seguimos siendo un pueblo que todavía no conoce ni la paz ni la libertad. No cejaremos en buscarlas hasta alcanzarlas, con nuestro trabajo y nuestra actividad diaria", declaró.

 

Bildu y el partido nacionalista gobernante, el PNV, reclaman por otro lado que los alrededor de 300 presos de ETA que cumplen sus condenas en España y Francia sean acercados a sus familiares.

 

Madrid ha negado cualquier contrapartida a la disolución de ETA, aunque Urkullu indicó el miércoles al diario El País que Rajoy sería "sensible" a un cambio en la política penitenciaria.

 

Durante los años de ETA, el Estado español también hizo su "guerra sucia" y al menos 62 personas del entorno independentista murieron a manos de grupos parapoliciales y de ultraderecha, según el informe Foronda de la Universidad del País Vasco. Aparte existen más de 4.100 denuncias por presuntas torturas policiales entre 1960 y 2014, según otro estudio del gobierno vasco. 

   

Estas víctimas piden reconocimiento

 

"Si tú no reconoces una parte del sufrimiento, es muy difícil crear una convivencia y la reconciliación. Es muy difícil cuando hay heridas abiertas", señala Ane Muguruza, de 28 años.

 

Su padre Josu, diputado regional de Herri Batasuna, el brazo político de ETA, fue asesinado en 1989 por unos ultraderechistas que, según ella, tenían apoyo del estado español.

 

Actualmente entre 85 y 100 miembros de ETA siguen en fuga, según el Foro Social, una organización próxima a las familias de los presos.