Este miércoles la organización terrorista Vasca ETA hizo pública una carta con fecha del 16 de abril con su decisión de disolver "completamente todas sus estructuras".

El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, por su parte, afirmó que los integrantes de la banda terrorista ETA "deberán pagar por sus culpas" porque "no habrá ningún tipo de impunidad" para ellos.

"No volveremos jamás la cara ante estos terroristas ni nos pondremos jamás de rodillas. Tendrán que pagar por sus culpas. No habrá ningún tipo de impunidad", afirmó Zoido, que participa en un foro euroafricano sobre la emigración en Marrakech.

El ministro del Interior español subrayó que ETA "miente una vez más y vuelve a pretender confundir a la sociedad" porque no es cierto que se ha disuelto, sino que "ha sido derrotada por las fuerzas de seguridad, el estado de derecho, la sociedad española y la judicatura".

Para Zoido, lo único que queda por hacer a los integrantes de la banda es "colaborar para que todos los crímenes sean esclarecidos", puesto que "no basta con que se arrepientan".

Agregó que "serán perseguidos por las fuerzas de seguridad allá donde se encuentren para conseguir detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia española y así recuperar la memoria de todas las víctimas del terrorismo".

El anuncio de la organización terrorista se produce después de casi 70 años de existencia, con más de 850 muertos a sus espaldas, y un declive continúo de la organización terrorista, gracias a la labor policial y judicial y a la colaboración con Francia.

Ya el pasado 18 de abril se conoció la intención de disolverse de la banda, que ponía como fecha para el anuncio oficial el primer fin de semana de mayo, después de que en octubre de 2011 anunciara el cese definitivo de sus acciones violentas.

Dos días después, el 20 de abril, ETA reconocía en un comunicado el "daño causado" a las víctimas -más de 850 muertos- y decía que lo sentía "de veras" y pedía "perdón" expresamente a las víctimas, aunque solo a las que no estaban relacionadas "directamente" con lo que ellos califican de "conflicto".

El acto oficial de disolución está previsto para el día 4 de mayo en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains y concluirá con la lectura de una declaración a cargo de "representantes de la comunidad internacional".