Un juez en España condenó a un hombre  a dos años y medio de cárcel y una multa de seis euros diarios durante 19 meses por ser el “autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de parentesco”, publicó el diario El País de España.

La sentencia, fechada el pasado 28 de junio, castiga al sindicado por el espionaje que hizo al celular de quien fuera su esposa, con el fin de recopilar pruebas de una relación extramatrimonial y aportarlas al pleito civil que dirimía el divorcio entre ambos.

Según el periódico, es la primera vez que conlleva la entrada en prisión —si no prosperan los recursos— de un condenado por apropiarse de archivos informáticos de su pareja, y castiga como agravante el parentesco.

El hecho por el que fue señalado el individuo ocurrió el 22 de diciembre de 2014 cuando él accedió al teléfono móvil de su pareja en esa época, introduciendo la clave, y descargó un fichero guardado en el correo electrónico con una fotografía de la mujer con un hombre, así como varios mensajes de la aplicación Line, todo ello sin conocimiento de la propietaria del equipo.

“No ha quedado acreditado que el acusado hiciera difusión o cesión de tales mensajes entre terceros. No ha quedado probado que el acusado realizara los actos con intención de menoscabar la integridad psíquica o causar temor a la denunciante. Ha quedado acreditado que la señora ha estado 15 días de baja temporal sin que haya quedado probado que haya sido a consecuencia de los mismos, ni que haya sufrido un especial sufrimiento o daño”.

De acuerdo con el fallo judicial, pendiente de recurso en primera instancia, "no se trató de un mero fisgoneo o una visión fugaz o momentánea del contenido privado, sino que se ha hecho el acusado con el adecuado soporte material de captación del contenido” para aportarlo a otro juicio de divorcio.

El condenado alegó sin éxito que el teléfono era de uso familiar porque su mujer manejaba otro y que las contraseñas estaban guardadas en un archivo compartido en la nube. Su abogado, Marc Molins, escribe en el recurso presentado ante el mismo juzgado que el derecho a la intimidad requiere al menos de unas ciertas medidas de protección que la agraviada no adoptó.

La condena a dos años y medio de cárcel es un severo aviso para quienes estén vigilando los dispositivos informáticos de sus cónyuges. Unos delitos que en España, según los expertos consultados, se multiplican con la proliferación de aplicaciones que facilitan el rastreo de perfiles de internet y redes sociales.

A mediados de julio un joven fue acusado de instalar un programa espía en el móvil de su novia. El informe policial incorporado al juzgado revela que ese software le permitía activar a distancia la cámara y el micrófono para escuchar las conversaciones de su pareja y tenerla permanentemente controlada. El hombre, “con un perfil celoso y manipulador”, está imputado por revelación de secretos, un delito que el Código Penal castiga con entre uno y cuatro años de prisión.