Las tensiones que se viven en la frontera sur de Estados Unidos por la llegada de migrantes derivaron este año en acuerdos con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que bajo presión aceptaron colaborar para intentar frenar el flujo de los que llegan al borde huyendo de la violencia y la pobreza.

Pero, la implementación de los convenios, incluyendo el posible envío de solicitantes de asilo a Guatemala, ha abierto varios interrogantes.

El número de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos sumó casi un millón de personas en el año fiscal 2019, terminado en septiembre.

Esta cifra casi duplicó la cantidad del año anterior y generó fuertes tensiones entre Washington y países del sur, que terminaron firmando acuerdos forzados para reducir el flujo.

Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, denunció como una “invasión” las caravanas de migrantes que llegaron al país.

En mayo, la cantidad de detenidos en la frontera alcanzó un pico (144.000 personas), tras lo cual el gobierno de Trump pidió a México, El Salvador, Honduras y Guatemala a firmar bajo amenazas acuerdos para recibir a los migrantes.

Con México, Estados Unidos selló los Protocolos de Protección del Migrante (MPP), que determinan que los demandantes de asilo que lleguen a la frontera común deben esperar en ese país a que se tramite su caso.

Los pactos determinan que quienes aspiran a pedir asilo pasen antes por estas tres naciones y deberán hacer desde allí su solicitud y aguardar la respuesta.

Medidas tomadas

En la frontera, después de que la administración Trump amenazara con aranceles a las importaciones de México, el gobierno de Andrés López Obrador desplegó miles de agentes.

Desde entonces, la cifra de migrantes detenidos se redujo más de tres veces, a 45.000 en octubre y 42.000 en noviembre.

“Políticas como la de permanecer en México y los acuerdos con países no seguros establecen un proceso que es una farsa dirigida a que los demandantes de asilo ni siquiera tengan una oportunidad de hacer su solicitud”, dijo Daniella Burgi-Palomino, de la ONG Latin American Working Group.

Los acuerdos con los países centroamericanos están en fase de implementación.

En esa publicación, las autoridades estadounidenses señalaron que hay 474.327 solicitudes de asilo pendientes, la mitad procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Por su parte, la Liga de Congresistas Latinos de Estados Unidos condenó esta posibilidad.

“Esto pondrá en peligro a las mismas familias que llegan a la frontera”, indicó el presidente de esta Liga, el demócrata Joaquín Castro.

Esta iniciativa sumada a la política para que migrantes extranjeros permanezcan en México.

El sistema de asilo de Estados Unidos está “siendo desmantelado”, aseguró Burgi-Palomino.

“Hay familias que están pasando las fiestas temblando de frío en campos de refugiados improvisados en el lado mexicano de la frontera. Son secuestrados, asesinados y torturados frente a sus propios hijos porque se los obliga a esperar”, dijo la experta.