El destituido mandatario regional Carles Puigdemont, residenciado en Bélgica, es el principal aspirante.
Empieza en Cataluña la ronda de contactos para escoger un presidente
El nuevo presidente del parlamento catalán, el independentista Roger Torrent, empezó este jueves las reuniones con los partidos para designar un candidato a la presidencia regional, con Carles Puigdemont como principal aspirante a pesar de estar en Bélgica.
Dos meses y medio después de la fallida declaración de secesión, los independentistas recuperaron el miércoles el control del parlamento catalán disuelto el 27 de octubre por el jefe del gobierno español Mariano Rajoy al intervenir la autonomía regional.
Su próximo paso es recuperar el gobierno, destituido también por Madrid, aupados por la mayoría absoluta de 70 sobre 135 diputados obtenida en las elecciones del 21 de diciembre, aunque ocho de ellos están encarcelados o exiliados voluntariamente en Bélgica.
Roger Torrent, un joven diputado de 38 años que sorprendió con un discurso conciliador tras tomar posesión del cargo, debe reunirse con los diferentes grupos y designar el candidato con más apoyos.
Los encuentros empezaron con el Partido Socialista y el Partido Popular de Rajoy, contrarios a la secesión, y Cataluña en Común, los aliados catalanes de la izquierda radical de Podemos, no alineados en la cuestión independentista pero contrarios a Puigdemont.
También se encontró con la extrema izquierda independentista Candidatura de Unidad Popular, que exigen un programa de ruptura unilateral al próximo presidente.
El viernes debería continuar con los dos grandes grupos independentistas, Juntos por Cataluña e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), y con el partido más votado en los comicios, el antinacionalista Ciudadanos (centroderecha).
Puigdemont, cuyo gobierno fue destituido por Rajoy, se erige como el único aspirante, respaldado por su lista Juntos por Cataluña (34 diputados) y el partido de Torrent, ERC (32 diputados).
Perseguido por rebelión y sedición, quiere ser investido desde Bélgica evitando volver a España y acabar como su vicepresidente, en prisión preventiva desde noviembre.
Rechazo de Madrid
El gobierno central se opone. "Vamos a adoptar todo tipo de medidas y decisiones para que esta investidura no se produzca", dijo la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría a la radio Cope.
"No puede ser presidente de la Generalitat (el ejecutivo catalán, ndlr) y lo sabe", añadió.
Antes del 31 de enero, Torrent debe proponer un candidato.
Su primer discurso causó buenas sensaciones en la oposición, que alaba su carácter dialogante durante su anterior etapa como portavoz adjunto de la coalición de gobierno Juntos por el Sí, formada por el partido de Puigdemont y ERC.
Pero su prueba de fuego llegará después de designar a Puigdemont. Entonces, la mesa parlamentaria que preside tendrá que decidir si acepta una investidura a distancia rechazada de pleno por la oposición.
"No nos imaginamos la posibilidad de una investidura que no sea presencial", dijo el líder socialista Miquel Iceta tras su reunión con el presidente del parlamento.
Torrent insinuó la semana anterior que seguiría el criterio de los servicios jurídicos del parlamento, que defienden que es imprescindible la asistencia del candidato.
Su partido ERC también evitó pronunciarse abiertamente a favor de una elección a distancia y en la última semana pedía "realismo" a sus aliados independentistas de Juntos por Cataluña.
Pero tanto Torrent como la formación podrían acabar cediendo a la voluntad de Puigdemont, que propone una investidura por videoconferencia o mediante un discurso escrito leído por otro diputado.
Las mayores dificultades pueden llegar para su nombramiento, que debe ser firmado por el rey Felipe VI, afirma el constitucionalista de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós.
El gobierno español podría recurrir la investidura ante el Tribunal Constitucional de modo que "provocaría la suspensión de la resolución", explica. Y "el Rey no puede nombrar a Puigdemont si está suspendida la resolución", añade.
Eso llevaría a un bloqueo institucional e incluso a nuevas elecciones si los independentistas no buscaran alternativas como es la intención del entorno de Puigdemont.
Además, prolongaría la suspensión de la autonomía de esta región de 7,5 millones de habitantes, como señaló recientemente el jefe de gobierno español.
Ante esta situación, aumentan las especulaciones sobre un posible retorno sorpresa de Puigdemont para ser investido. En tal caso, "el gobierno está preparado para hacer que responda ante la justicia", advirtió Sáenz de Santamaría.
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