La justicia española empieza este lunes a juzgar la muerte de Gabriel Cruz, un niño de ocho años presuntamente asesinado por su madrastra dominicana que podría recibir la máxima pena posible en España.

El proceso en la Audiencia Provincial de Almería (sureste) comenzó con la conformación del jurado popular y deberá seguir con la declaración de Ana Julia Quezada, quien ya confesó los hechos durante la investigación.

La defensa de la acusada, que llegó esposada y seria al tribunal en medio de un fuerte despliegue de seguridad, califica el suceso como un homicidio imprudente.

En cambio, la fiscalía y la acusación particular lo entienden como un asesinato con alevosía y reclaman para ella la máxima pena posible, prisión permanente revisable.

Esta condena, incluida en el código penal español en 2015, supone un mínimo de 25 años de encarcelamiento prolongables de forma ilimitada si el reo no muestra señales de haberse rehabilitado.

Gabriel Cruz desapareció el 27 de febrero de 2018 en la pequeña población de Las Hortichuelas, a pocos kilómetros de las paradisíacas playas del Cabo de Gata de Almería, después de haber estado en casa de su abuela.

Durante doce días se desplegó un dispositivo de búsqueda del pequeño, hijo único de padres separados, cuyo cadáver finalmente se encontró en el maletero del coche de Quezada con síntomas de haber sido asfixiado, según la documentación judicial.

Los investigadores sospecharon de la madrastra después de que fuera ella quien encontrara una camiseta del niño a cuatro kilómetros de donde desapareció, en una zona que ya había sido batida en dos ocasiones.

El comandante de la Guardia Civil en Almería Juan Jesús Reina la describió en 2018 como "una persona con una frialdad máxima (...) posesiva, egocéntrica" y "bastante manipuladora".

Si la desaparición del pequeño Gabriel y la desesperación de sus padres conmovió España, el presunto papel de su madrastra despertó coléricas reacciones contra ella.

El proceso debe alargarse hasta el 18 de septiembre y se celebrará a puerta cerrada a petición de los familiares del niño, que quieren minimizar la exposición mediática del juicio.