La irrupción del coronavirus ha crispado los nervios en los hacinados penales latinoamericanos, provocando fugas masivas, varios motines que dejaron más de 80 muertos y llevando a varios gobiernos a tomar la impopular medida de liberar a presos.

Uno de los incidentes más letales ocurrió en una prisión en Guanare, en el centro de Venezuela, donde la restricción de visitas como medida de cordón sanitario desencadenó un suceso que acabó con al menos 47 muertos y 75 heridos, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Algunos medios locales cifraron los fallecidos en más de 60.

La precariedad de muchos penales hace que la alimentación de los reclusos dependa de lo que les llevan sus familiares, por lo que la suspensión de visitas se traduce en hambre.

La primera señal de alarma fue en Brasil el 16 de marzo y por la razón opuesta: la restricción de salidas temporales para evitar el ingreso del virus. Cerca de 1.400 presos se fugaron de varias prisiones del interior de Sao Paulo en reacción a la medida; las autoridades lograron recapturar a unos 600.

Desde entonces, cada semana han estallado nuevos disturbios en Colombia, Argentina, Perú o México, mientras los contagios crecen entre reos y custodios.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su “profunda preocupación” por las condiciones de las cárceles en la región y “la rápida propagación de la COVID-19”.

El organismo llamó además a los Estados a emprender investigaciones exhaustivas de incidentes “extremadamente violentos” que han tenido lugares en centros de detención en medio del creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, dijo en un comunicado su portavoz, Rupert Colville.

“Las prisiones de la región son un factor de riesgo muy importante y muy serio” frente al coronavirus, confirma Gustavo Fondevila, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México y especialista en el sistema carcelario de América Latina, que admite que la situación es “explosiva”.

Y aunque dice que se puede implementar una serie de acciones para reducir el peligro, “los centros penitenciarios tienen poca capacidad de respuesta a situaciones como esta”.

‘Como animales’

Colombia decretó a finales de marzo la emergencia carcelaria tras un sangriento motín que dejó 23 muertos y 91 heridos en una prisión en Bogotá, que las autoridades vincularon con un frustrado intento de fuga y que otras versiones asociaron al temor de los reclusos a la pandemia. 

A unos 120 km, en la cárcel de Villavicencio, la situación “es terrible”, cuenta Angélica (nombre ficticio), una desempleada de 23 años que tiene allí a su hermano. Tiene más de 770 casos confirmados. Unos 1.700 internos están aislados, según autoridades penitenciarias.

Allí, los enfermos no están siendo atendidos por personal médico y son encerrados en sus celdas para aislarlos, mientras los “sanos” duermen amontonados en los pasillos, denuncia la mujer.

“Los tienen como si fueran animales (...) Ellos están desesperados adentro, los que no están contagiados quieren salir corriendo. Temen por su salud, por su vida (...) “La gente está desesperada de salir como sea, y han hecho huelga de hambre”.

La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador alertó de que un brote en las prisiones “podría ser devastador para su población, en particular en establecimientos hacinados, donde el nivel general de salud ya es deficiente”.

En Lima, la noticia de que habían muerto dos reclusos de coronavirus hizo estallar un motín en el penal Castro Castro, que alberga 5.500 internos aunque tiene capacidad para 1.140. El saldo: nueve reos muertos y 67 heridos entre reclusos, guardias y policías.

Desde que el 6 de marzo se declaró el primer caso de la enfermedad en Perú, se han confirmado 645 positivos entre presos. 30 de ellos han muerto. Y cuatro penales se han amotinado.

¿Distancia social?

El hacinamiento es uno de los males comunes, aunque con diferencias significativas entre países como Chile o Uruguay, donde ronda el 110%, y los centroamericanos en el otro extremo, donde puede llegar a 350%, explica Fondevila.

De acuerdo con el último informe (2018) de población penitenciaria del Institute for Crime and Justice Policy Research (ICPR), con sede en Londres, la tasa carcelaria promedio de América del Sur es de 233 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Centroamérica llega a 316. Como referencia, la tasa de Europa occidental es de 81.

Las dificultades de cumplir con las dos reglas básicas contra la propagación, es decir la higiene y el distanciamiento físico, suponen un desafío extraordinario en establecimientos que en muchos casos apenas cuentan con agua corriente y donde en una celda para dos viven a menudo seis u ocho personas. 

Varias ONG han denunciado las condiciones de múltiples cárceles de Latinoamérica donde la falta de sanidad permite circular a enfermedades como la malaria, la tuberculosis o la sarna.

Pero “en una cárcel donde tienes 300% de ocupación, no puedes establecer ningún protocolo ni para el coronavirus ni para ninguna otra enfermedad infectocontagiosa”, reconoce el académico. “Ahí lo que hay que hacer es aislar la cárcel”.

Excarcelaciones aceleradas

Algunos países implementaron aceleradamente medidas sustitutivas de la prisión para desahogar los atestados edificios. 

Después de la crisis de los motines, Colombia aprobó excarcelar a unos 4.000 presos con 40% de la pena cumplida, o mayores de 60 años o con “enfermedades catastróficas” o discapacidades.

El Senado mexicano optó por la misma vía y aprobó una ley que otorga amnistía a quienes hayan cometido delitos no graves por primera vez y sin utilizar armas de fuego, una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador que recobró vigencia en medio de la epidemia.

Unos 30.000 de los más de 700.000 reclusos brasileños, según estimaciones oficiales, han dejado las cárceles y pasado a prisión domiciliaria atendiendo recomendaciones del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de reevaluar prisiones preventivas, determinar casa por cárcel o anticipar la salida de determinados perfiles.

Fondevila aboga por ese tipo de liberaciones, incluso al margen de la pandemia, aunque dice que son impopulares y “de alto costo político” para los gobernantes. 

Tras un motín en la penitenciaria de Villa Devoto en Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández anunció que se enviarían a casa a 320 de los más de 12.000 detenidos en el sistema federal. De los 80.000 que ocupan cárceles provinciales, salieron 286. Hubo una cacerolada como respuesta, convocada por sectores de la oposición.

Chile también aprobó un indulto especial debido al coronavirus de 1.300 reclusos de baja peligrosidad.

Y allí surgió otra muestra de lo complejo de la situación: más de 100 de ellos rechazaron el beneficio porque no tienen adónde ir o no quieren perder su trabajo en la cárcel.