“México se esforzará mucho, y si lo hace, ¡este será un acuerdo muy exitoso tanto para Estados Unidos como para México!”, tuiteó Trump el sábado  antes de agradecer a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador quien por la noche era esperado por sus partidarios en Tijuana, ciudad mexicana ubicada frente a la estadounidense San Diego. 

Ese acto había sido convocado por López Obrador para “defender la dignidad” de México ante la amenaza arancelaria de Trump.

Después de tres días de negociaciones en Washington, los dos países alcanzaron un acuerdo sobre inmigración que suspendió los aranceles del 5% que Trump amenazaba con imponer a México desde el lunes por considerar que su vecino no hacia los necesario para frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos.

México se comprometió a adoptar “medidas enérgicas para detener la marea de la migración” a través del país. 

“Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal”, celebró Trump.

Trump dijo también que México “aceptó comenzar de inmediato a comprar grandes cantidades de productos agrícolas a (los) grandes agricultores patriotas” estadounidenses.

Pero el diario The New York Times dijo el sábado que la mayoría de las medidas anunciadas ya habían sido pactadas en negociaciones anteriores. 

Trump amenazaba con que los aranceles subirían 5 puntos porcentuales mensualmente hasta un máximo del 25% el 1 de octubre a menos que México, que exporta a Estados Unidos 350.000 millones de productos al año, tomase acciones contra el paso de migrantes por la frontera de ambos países.

Lamentos demócratas 

Del lado mexicano de la frontera, entre Tijuana y San Diego, las largas filas de camiones que se veían en los últimos días han tendido a desaparecer. Numerosas empresas se habían preparado para el aumento de los aranceles y habían llenado sus depósitos. 

“Si las tarifas hubieran aumentado todos los precios lo habrían hecho”, dijo a la AFP en el puesto fronterizo californiano de Otay Mesa, en San Diego, Rafael Toledo.

Este empleado de una empresa automovilística de 61 años se desplaza todos los días a trabajar a Estados Unidos. “Ya no debo preocuparme, porque todo se solucionó, ¿no es así?”, dijo.

Más lejos, Daniela Clark, una mexicana que visita a su familia del otro lado de la frontera, se siente aliviada por el futuro de la empresa familiar de exportación de aguacates. Si las tarifas aduaneras se hubieran aplicado “nadie en Estados Unidos los hubiera comprado”.

En el plano político, sin embargo, el acuerdo fue criticado tanto en Estados Unidos como en México. 

“Los migrantes sirven de moneda de cambio. Están criminalizando el fenómeno migratorio. Van a militarizar la frontera y detener a mujeres y niñas”, dijo Luis Rey Villagrán, un activista que defiende los derechos de los migrantes. Se está “pisoteando la soberanía nacional”, agregó.

El líder del partido opositor PAN, Marko Cortés, fustigó también el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. 

“Parece que los presidentes usaron el miedo de sus pueblos para llegar a un acuerdo, México el económico y Estados Unidos el migratorio”, tuiteó.

La declaración común bilateral hace mención a “medidas sin precedentes” tomadas por México, fundamentalmente el despliegue de su Guardia Nacional.  

“México tomará medidas decisivas para desmantelar a las organizaciones de trata y tráfico de personas, así como a sus redes ilícitas de transporte y de financiamiento”, señala el texto leído por el ministro de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, Marcelo Ebrard.

En el curso de la semana, México ya había anunciado varias iniciativas para calmar a su vecino del norte: el despliegue de 6.000 hombres para impedir el tránsito de clandestinos, el congelamiento de las cuentas bancarias de 26 presuntos tratantes de clandestinos, la deportación hacia su país de un centenar de hondureños y la detención de militantes de los derechos de los migrantes.

La oposición demócrata estadounidense ve en este acuerdo una continuación de la política antiinmigrantes que constituye el sello de Donald Trump desde que se lanzó a la vida política en 2015.

Nancy Pelosi, jefa de los demócratas en la Cámara de Representantes, deploró las presiones ejercidas sobre un “amigo cercano y vecino” y evocó un tema que los gobernantes estadounidenses han dejado deliberadamente de lado: el de los derechos de los solicitantes de asilo.