El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que no renovará los permisos temporarios de protección para más de 200.000 salvadoreños, que tendrán hasta septiembre de 2019 para irse del país u obtener la residencia legal por otros medios.

El Estatus Temporario de Protección (TPS, en inglés) para los salvadoreños había sido implementado luego del terremoto de enero de 2001 en ese país, pero ahora el gobierno del presidente Donald Trump decidió que están dadas las condiciones para que esas personas retornen.

"Basada en una cuidadosa consideración de la información disponible (...) la Secretaria de Seguridad Interna determinó que las condiciones originales causada por el terremoto de 2001 ya no existen", dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interior (DHS, en inglés).

Por ello, añadió, "la actual designación de TPS (para los salvadoreños) debe ser extinta".

La misma fuente apuntó que para "garantizar una transición ordenada" las autoridades determinaron un plazo hasta el 9 de septiembre del próximo año.
 
Con la no renovación de la protección temporaria, los ciudadanos salvadoreños retornarán "al estatus migratorio que poseían antes del TPS" y por lo tanto deberán abandonar el país o hallar otro camino para regularizar su situación.

Esto abre un escenario de enorme incertidumbre para decenas de miles familias de salvadoreños que eran beneficiarias del TPS y tuvieron hijos en Estados Unidos, de forma que estos últimos son ciudadanos estadounidenses.

En una nota de prensa, el DHS apuntó que Estados Unidos ha deportado a El Salvador más de 39.000 ciudadanos en los últimos dos años.

De acuerdo con la nota, "eso demuestra que la incapacidad temporaria de El Salvador de regresar adecuadamente a sus nacionales después del terremoto ha sido atendida".

Ya el 7 de noviembre pasado el DHS decidió no renovar el TPS para unos 5.300 ciudadanos nicaragüenses, protegidos en Estados Unidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.

Poco después, el 20 de noviembre el DHS hizo lo mismo con la protección para unos 59.00 haitianos, en su mayoría sobrevivientes del terremoto de 2010.

Sin embargo, el gobierno decidió postergar la protección a unos 86.000 ciudadanos hondureños, hasta que las autoridades analicen si están dadas las condiciones para que esas personas retornen a su país, azotado por la violencia urbana.

Esa decisión sobre los hondureños tendrá que ser adoptada hasta el 5 de julio de este año.