Dos periodistas y un conductor del diario ecuatoriano El Comercio supuestamente fueron secuestrados en la frontera con Colombia, donde disidentes de la exguerrilla de las Farc ejecutan una ofensiva contra la Fuerza Pública, se informó el martes.
   
El lunes "fueron presuntamente secuestrados dos comunicadores y un conductor de diario El Comercio, quienes habrían estado realizando trabajo periodístico" en la población limítrofe de Mataje, indicó el gobierno ecuatoriano.
   
El Ejecutivo señaló en un comunicado que "ha activado todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los ciudadanos".

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El diario quiteño se limitó a divulgar la versión oficial en su portada del martes.
   
Hace una semana, tres militares murieron y once resultaron heridos por la explosión de un artefacto mientras patrullaban en Mataje, en la provincia costera de Esmeraldas, al noroeste y vecina al convulso departamento colombiano de Nariño.
   
En esa misma localidad, un camión cisterna que abastece de agua a unidades militares en la zona "sufrió una agresión" en el parabrisas el lunes, sin causar víctimas, de acuerdo con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas.
   
La Fuerza Pública ecuatoriana afronta desde hace dos meses una inusual ofensiva en Esmeraldas a manos presuntamente de disidentes de las Farc que están al servicio de cárteles del narcotráfico, según autoridades.
   
Otros ataques en esa misma provincia han dejado 32 uniformados y civiles heridos.
   
Tras la agresión de hace una semana, los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron estrechar la colaboración de sus Fuerzas Armadas -sin referirse a operaciones militares combinadas- para luchar contra el "crimen transnacional".
   
Las Farc depusieron las armas para convertirse en partido político tras firmar la paz en 2016. 
   
Moreno atribuye los ataques a una represalia por parte de los grupos que se apartaron del proceso de paz en Colombia -que según inteligencia militar de ese país cuentan con unos 1.200 combatientes- y que están implicados en el narcotráfico y en la minería ilegal.