Amnistía Internacional denunció que policías estarían involucrados en el asesinato de dos jóvenes y actos de tortura contra otros tres en el estado mexicano de Guerrero, donde en 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. 

En un comunicado, AI señala que policías habrían estado involucrados en la retención ilegal de Alán Alexis y de dos menores de edad el 27 de diciembre, así como en la de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera, el 30 del mismo mes, en una feria de Chilpancingo, capital de Guerrero. 

Los cuerpos de Vázquez Campos y de Catalán Cabrera “fueron encontrados el 3 de enero en un lote abandonado a las afueras de Chilpancingo”, denuncia el comunicado, que indica que por este caso fue detenido un policía pese a que existiría evidencia de relación de más uniformados con criminales. 

Sobre los otros tres jóvenes, que se encuentran con vida, la información reunida por la organización señala que tras ser retenidos el 27 de diciembre, habrían sido trasladados a la estación de la policía local y tres días después llevados al puerto de Acapulco “en un tormentoso viaje”.

“Permanecieron al menos tres días sin acceso a comida, y con el temor de ser asesinados. El 3 de enero fueron llevados de nuevo a Chilpancingo y arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos de tortura y envueltos con cinta adhesiva en el cuerpo y los ojos”, añade el comunicado. 

Amnistía denuncia que pese a que los jóvenes presentaron una denuncia, no se ha iniciado una investigación por posible tortura y desaparición forzada. 

Guerrero es uno de los estados más violentos de México por la presencia de cárteles de las drogas. La noche del 26 de septiembre, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías de Iguala, ligados a criminales, y entregaron a los jóvenes a un cártel de las drogas, caso que desató una condena internacional. 

Según la fiscalía federal, los 43 chicos habrían sido asesinados, sus cuerpos incinerados y las cenizas arrojadas a un río. Pero expertos independientes de la CIDH han puesto en duda esa versión.

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas, se han registrado cerca de 200.000 asesinatos y miles de desapariciones, según cifras oficiales.