Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos mantuvo este jueves la suspensión de parte importante de los efectos del controvertido decreto del presidente Donald Trump que suspende el ingreso al país a refugiados e inmigrantes de seis naciones de mayoría musulmana.

En un fallo de 205 páginas, la mayoría de los jueces consideró que "no están plenamente convencidos" de que el decreto guarda mayor relación "con la seguridad nacional que con la promesa de campaña del presidente Trump de vetar el ingreso de musulmanes al país".

Se trata de un nuevo tropiezo para el gobierno de Trump, quien de todas formas ya dejó claro que está dispuesto a llevar la polémica por su decreto hasta la Suprema Corte, que desde abril tiene una mayoría de jueces conservadores.

La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito -con sede en Richmond, Virginia- se dedicó a analizar las intenciones del decreto que cierra las puertas del país a personas de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Los trece jueces tuvieron que decidir si la medida no atropella un precepto constitucional estadounidense que veta la discriminación por cuestiones religiosas.

En una parte del fallo conocido este jueves, el presidente de esa corte de apelaciones, el juez Roger Gregory, apuntó que el "Congreso garantiza al presidente amplios poderes para negar la entrada de extranjeros, pero ese poder no es absoluto".

En la opinión del juez Gregory, el decreto presidencial "habla de seguridad nacional en términos vagos, pero en un contexto marcado por intolerancia religiosa, animosidad y discriminación".

Trump había firmado un primer decreto en enero pasado, días después de asumir el poder, que suspendía por seis meses la aceptación de refugiados y vetaba el ingreso de personas de ese grupo de países (más Irak) por 90 días.

Ese decreto fue rápidamente bloqueado por tribunales federales, y en vez de llevar la cuestión a tribunales superiores el gobierno prefirió anular la medida y presentar una nueva versión, que excluía a Irak de la lista de países afectados.

Sin embargo, esa nueva versión también fue bloqueada por un tribunal del estado de Maryland (este del país), y por ello el caso terminó en la corte de apelaciones del vecino estado de Virginia.

Un tribunal federal en Hawái también bloqueó el decreto presidencial, aunque la decisión de esa apelación aún está pendiente.