El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este jueves a Rusia por arrestar varias veces al opositor Alexéi Navalni y reconoció que las detenciones tenían carácter "político".

El "motivo político subyacente a sus arrestos representaba un aspecto fundamental del caso", indicó el tribunal, y afirmó que dos de esos arrestos tenían como objetivo "sofocar el pluralismo político".

EL TEDH también constató la violación del artículo 18 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

"Estoy muy contento, incluso muy feliz", reaccionó Navalni, de 42 años, que vino a Estrasburgo (Francia) a presenciar la lectura del juicio. En primera instancia, los jueces no reconocieron la naturaleza política de las detenciones.

"Estamos muy satisfechos (...) Hoy, ganamos todos los casos y lo más importante es que hemos logrado que estas detenciones sean reconocidas como políticamente motivadas", dijo el opositor ruso ante la prensa.

El tribunal también determinó que se violó el artículo 11 de la Convención (derecho a la libertad de reunión y de asociación) porque "dos de las detenciones carecían de objetivo legítimo y las otras cinco no eran necesarias en una sociedad democrática".

El tribunal "también recomendó (...) que el gobierno tome medidas para garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica en Rusia".

En consecuencia, Rusia fue condenada a pagar 50.000 euros por daños morales a Navalni, 1.025 euros por daños materiales y 12.653 euros por costes y gastos.

Entre 2012 y 2014 el activista anticorrupción fue detenido siete veces por la policía rusa coincidiendo con manifestaciones políticas contra el gobierno del presidente Vladimir Putin.

En cada caso, fue llevado a una comisaría, detenido durante varias horas y acusado de un delito administrativo por "violación del procedimiento establecido para la realización de actos en un lugar público" o por "desobediencia a una citación legal de la policía".

Según el TEDH, todos los cargos dieron lugar a un juicio, al final del cual fue declarado culpable de un delito. En cinco ocasiones, fue condenado a una multa de entre 1.000 y 30.000 rublos (entre 13 y 395 euros) y en otras dos ocasiones a detenciones administrativas de entre siete y 15 días.

El opositor había denunciado sin éxito estas detenciones ante las jurisdicciones rusas antes de dirigirse al tribunal de Estrasburgo, donde interpuso cinco solicitudes entre 2012 y 2014.