Varias ciudades de Nicaragua vivieron este lunes fuertes ataques de fuerzas policiales y paramilitares, en momentos que se reanudó el diálogo en busca de una salida a la violenta represión contra las protestas antigubernamentales, que dejan más de 200 muertos.
   
Tiroteos, incendios de locales y operaciones de limpieza de barricadas, con hombres armados y palas mecánicas, se registran en los departamentos de León y Managua, incluidas sus capitales. Pobladores reportan heridos, pero los grupos humanitarios aún no dan un balance oficial.
   
"Hay detonaciones muy fuertes. Esto es verdaderamente un error, no abona en nada la represión, hacemos un llamado a las autoridades (a) que frenen esto. No queremos más muertos", dijo vía telefónica desde León, norte, el párroco Víctor Morales.
   
La policía reportó que una agente murió este lunes en Nagarote, 42 km al noroeste de Managua, cuando los efectivos "fueron agredidos por grupos delincuenciales con armas y morteros" mientras realizaban trabajos de limpieza, indicó la institución en un comunicado.

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Nagarote parecía un pueblo fantasma tras una fuerte incursión de antimotines y parapolicías en horas de la mañana. Todos sus negocios, incluidas las ventas de sus famosos quesillos, estaban cerrados y la gente se resguardaba en sus casas, constató un equipo de AFP.
   
Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo, portavoz del gobierno, celebró que las operaciones permitieron reabrir carreteras bloqueadas por manifestantes.
   
"Dios nos está llenando de acontecimientos milagrosos (...) Haber logrado esta mañana recuperar movilidad, seguridad en la (carretera) Panamericana, estamos hablando de Nagarote, estamos hablando de La Paz Centro, dar lugar al tránsito y al tráfico internacional es un acontecimiento milagroso", dijo Murillo a medios oficiales.
   
Por el contrario, la opositora Alianza Cívica dijo en Twitter: "Condenamos los recientes ataques de fuerzas policiales y parapoliciales en León y Nagarote".
   
La comisión de la Iglesia Católica que media en el diálogo anunció que se instalaron las mesas de trabajo con delegados del gobierno y de la opositora Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia, para evaluar la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
   
La petición para adelantar elecciones fue planteada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) el pasado 7 de junio en la mesa de conversaciones, pero Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022, pidió tiempo para reflexionar y aún no se pronuncia al respecto.
   
Crece la tensión

La reunión se realiza en momentos en que han recrudecido las violentas incursiones de fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares a distintas ciudades para retomar su control. Solo el fin de semana hubo 14 muertes en barrios de la capital y de otras ciudades, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
   
Indicó que esos casos elevan a 206 el número de muertos desde el estallido de las protestas el 18 de abril. La cifra es inferior a la de 212 muertos reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de la violencia del fin de semana.

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"Estos grupos que visten de civil y que andan sembrando el terror deben de ser investigados, procesados y retirados inmediatamente", reclamó este lunes Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH).
   
En Masaya, 35 km al sur de la capital, las autoridades intentaban ingresar al barrio indígena de Monimbó, lleno de barricadas en todas sus calles, según Leiva.
   
En Diriamba, 46 km al sureste de Managua, hombres encapuchados realizaron disparos desde camionetas, mientras otro grupo saqueó negocios, según el opositor movimiento denominado "Autoconvocados".
   
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero tras las muertes de jóvenes en las marchas, se ampliaron para exigir justicia y la renuncia de Ortega, a quien acusan de forjar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, una dictadura.
   
"Vamos por el cambio de gobierno. Se tienen que ir porque el pueblo no los quiere", dijo a AFP un joven de 25 años, con pañuelo en el rostro, en una barricada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se atrincheran decenas de estudiantes.
   
Ortega ha dicho que está dispuesto a trabajar por la democratización del país, incluyendo la separación de los poderes del Estado, actualmente controlados por el gobierno, principalmente el Consejo Supremo Electoral.

Aumenta la presión 

La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la "represión estatal" y consigna 212 muertos, más de 1.300 heridos y unos 500 detenidos en dos meses.
   
"Esta es una situación bastante crítica y es necesario que toda la comunidad internacional preste atención a lo que está pasando en Nicaragua", dijo Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, en una entrevista para CNN.
   
El domingo llegaron a Managua técnicos de la CIDH y el martes lo harán funcionarios del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos.
   
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al poder por la vía electoral en 2007.