Cientos de migrantes forzaron el martes un cordón de la policía húngara en la frontera con Serbia, en varios incidentes distintos, que provocaron la intervención de los agentes con gas pimienta para contener uno de los grupos, informaron los medios locales.

Estas personas formaban parte de un grupo de unos 1.500 hombres, mujeres y niños, que llevaban esperando desde hacía varias horas en un punto de encuentro en Röszke, en el sur de Hungría. Desde allí, los migrantes son trasladados a un centro de acogida de migrantes y de registro de solicitantes de asilo.

Un primer grupo forzó el cordón policial. Las imágenes filmadas por los medios de comunicación locales muestran a agentes controlando a dos hombres en el suelo.

Unos 300 migrantes, algunos de ellos niños, huyeron corriendo a través de un campo de maíz y empezaron a bordear las vías férreas rumbo a la cercana localidad de Szeged, al noreste. Los policías, que los siguieron sin intentar detenerlos, les convencieron de acudir a centros de registro.

Varios cientos de migrantes más intentaron más tarde abandonar también el punto de encuentro y caminaron un kilómetro a lo largo de una carretera antes de detenerse.

Tras un enfrentamiento tenso, la policía utilizó gas pimienta para obligar a los migrantes a salir de la calzada, antes de trasladarlos en autobús al centro de registro de Röszke.

Varios incidentes similares se han producido recientemente en el lugar.

La frontera entre Hungría y Serbia se ha convertido estos últimos meses en uno de los principales puntos de paso hacia la Unión Europea para decenas de miles de migrantes, entre ellos muchos sirios. 

Más de 160.000 migrantes han atravesado irregularmente la frontera húngara desde comienzos de 2015, entre ellos 2.706 el lunes, según Budapest.

Para hacer frente a esta llegada, Hungría construyó una alambrada provisional a lo largo de los 175 kilómetros de su frontera con Serbia, antes de instalar un muro de cuatro metros que debería estar terminado antes de finales de octubre.

Asimismo, el parlamento húngaro aprobó la semana pasada una batería de nuevas leyes antiinmigración que incluyen la criminalización de los cruces ilegales y una pena de hasta tres años de prisión.