El parlamento chino decidió esta semana mantener la disposición que permite encarcelar durante dos años a las prostitutas por una simple decisión policial.
   
A finales de diciembre, la comisión legislativa de la Asamblea Popular Nacional (APN, el parlamento chino) pidió el fin de los centros "Shurong jiaoyu" (literalmente "Refugio y educación"), que, para sus detractores, no tienen nada de educativo.
   
Activos desde hace casi 30 años, estos centros, de competencia exclusiva de la policía, pueden encerrar a las mujeres y a sus clientes hasta dos años, por simple decisión de las fuerzas de seguridad.
   
Pero la APN terminó el viernes su sesión anual sin abordar la abolición de estos centros. Nadie sabe cuando la petición terminará al fin en la mesa de los diputados.
   
"Puede que haya resistencia dentro del gobierno a una abolición, posiblemente por parte de la policía, ya que la abolición le quitaría una parte de su poder en las detenciones arbitrarias", supone Wang Yaqiu, investigadora en la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.
   
"Ha llegado el momento de comenzar el trabajo de abolición", abogó en cambio en diciembre el presidente de la comisión de las leyes, Shen Chunyao. "Estos últimos años el dispositivo de detención y de educación disminuyó progresivamente, el número de personas en los centros descendió claramente y fueron prohibidos en algunos lugares", declaró.

   
"Cuestión de dinero"

La abolición sería "una evolución muy positiva para el Estado de derecho en China", esperaba Shen Tingting, de Asia Catalyst, una organización que defiende el derecho a la salud de grupos marginales.
   
En 2013, testimonios de exdetenidas recogidos por Asia Catalyst revelaron las durísimas condiciones de vida en estos campos: malos tratos, trabajo forzado, obligación de pagar por su subsistencia y exámenes médicos impuestos, a precios prohibitivos.
   
"Todo esto es una cuestión de dinero. El discurso sobre la rehabilitación o la educación ideológica es falso. Es solo una manera de sacar dinero en nombre del Estado y de las fuerzas de seguridad", dijo una de ellas a Asia Catalyst.
   
El fin del dispositivo parecía que debía seguir lógicamente al de los campos de "reeducación por el trabajo" o "laojiao", abolidos a finales de 2013. Estos permitían detener hasta cuatro años, también por simple decisión policial, maleantes, traficantes, etc.
   
Aisladas en la periferia

En 2014, un hecho mediático puso los focos sobre los centros de internamiento de prostitutas: la policía de Pekín anunciaba que un conocido actor, Huang Haibo, iba a ser detenido allí seis meses por haber solicitado una prostituta.
   
Y, excepcionalmente, los medios del estado ponían en cuestión el sistema.
   
Aunque ilegal y mal valorada, la prostitución está muy extendida en China. La mayoría de las estimaciones hablan de varios millones de trabajadoras sexuales.
   
En Pekín, muchas fueron expulsadas fuera de la ciudad, con los trabajadores migrantes provenientes de zonas rurales, dentro de una campaña de renovación y demolición de barrios pobres en 2017.
   
"Hoy están en las afueras, aisladas, sin lugar para trabajar. Se conectan a internet y se desplazan a casa del cliente. Es muy peligroso...", cuenta Shen, de Asia Catalyst.
   
Aunque, dice, el arsenal jurídico es "suficiente": las prostitutas y sus clientes pueden ser multados (hasta 5.000 yuanes, unos 650 euros) y ser castigados con hasta 15 días de detención administrativa.
   
Aunque la reeducación forzada de las prostitutas debería desaparecer, "no creo que la actitud oficial con respecto a las trabajadoras sexuales cambiará [...] la represión continuará", señala.