La muerte de 40 adolescentes en un refugio y un motín en un centro correccional en el que murieron cuatro funcionarios, ambos hechos ocurridos en un lapso de menos de 15 días, pusieron de relieve la ineficiencia del sistema de rehabilitación de menores en Guatemala.

Ambos centros ubicados en el municipio de San José Pinula, 10 km al este de la capital, tienen un largo historial de denuncias de abusos y maltratos por parte de funcionarios en contra de los menores.

En el refugio Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde un incendio produjo la muerte de las 40 menores, se ha denunciado incluso abusos sexuales y se sospecha la existencia de una red de prostitución, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

“El hogar no es abrigo ni protección porque hay denuncias de abusos y mala alimentación, pero lo más grave es que se sospecha que fomentaban la trata de personas, la prostitución y violaciones”, dijo la directora de la oenegé ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.

Los centros son administrados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), que actualmente tiene cinco hogares de protección donde se encuentran unos 1.500 menores, y cuatro correccionales con una cantidad similar de internos. 

El refugio se mantenía bajo la lupa de activistas debido a reiterados casos de fugas y el despido de funcionarios acusados de cometer abusos. 

Abandono estatal

Para Ibarra, la falta de acción estatal para aplicar las leyes vigentes y la corrupción de los administradores han hecho de esos centros “verdaderos infiernos” de los que no cabe esperar “ninguna posibilidad de rehabilitación”.

Ibarra comentó que si los jóvenes llegan a un refugio o correccional es porque no han tenido otras oportunidades, dada la ineficiencia del Estado en procurar educación, salud y condiciones necesarias para una vida digna.

En el Hogar Seguro, además de las 40 jóvenes muertas, el incendio del pasado 8 de marzo causó lesiones a otras 18, de las cuales la mitad fueron llevadas a hospitales especializados en Estados Unidos.

La tragedia en el albergue provocó airadas protestas, principalmente en la capital, con manifestaciones que denunciaron los hechos como un “crimen de Estado”. 

“Vemos que hay ausencia de un sistema de protección a la niñez y adolescencia. Hay una desarticulación en el trabajo de las instituciones del Estado”, dijo Sandra López, directora de Prevención de la oenegé Refugio de la Niñez.

Lamentó que el Estado carece de programas de atención individualizados para los menores y en los hogares no existe personal especializado.

Ibarra y López coincidieron en que urge mejorar el modelo actual de los refugios y reclusorios, evitar la internación de los menores y revisar los métodos de rehabilitación.

López planteó crear de una escuela de padres para que los progenitores tengan la capacidad para encauzar al menor en rebeldía.

Rehabilitación olvidada

Cuando el país aún no salía del asombro por la muerte de las menores, un sangriento motín estalló en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, conocido como Etapa II, cercano al Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Dos guardas murieron y otros cinco resultaron heridos por un grupo de internos, miembros de la pandilla Barrio 18.

El lugar fue escenario en 2005 de un enfrentamiento entre pandillas que provocó 14 muertos.

Unidades de la policía intervinieron en las instalaciones para liberar a cuatro funcionarios que los amotinados mantenían retenidos, de los cuales dos murieron mientras eran atendidos en centros hospitalarios.

En los correccionales “no hay condiciones dignas y los abordajes a los menores son inadecuados. Por eso no podemos esperar que estos patojos (niños) puedan rehabilitarse”, apuntó López. 

Tras el operativo de rescate, la policía reportó nueve ataques armados de presuntos pandilleros contra agentes en diferentes zonas del departamento de Guatemala, con saldo de tres uniformados muertos y siete heridos.  

Los jerarcas de la SBS fueron destituidos tras el incendio en el refugio, y fueron detenidos el extitular de la entidad, Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.

A raíz del motín, el presidente Morales anunció una reunión urgente con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial para revisar las políticas de atención a la niñez, mientras que un juez ordenó investigar a 20 de los internos por las muertes de los empleados en el correccional.