La aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua está en proceso por el temor del presidente Daniel Ortega a resolver la crisis interna a través de un diálogo, afirmó el exintegrante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y analista político nicaragüense Edmundo Jarquín.

"La Carta Democrática prevé, antes que cualquier sanción, el diálogo y buenos oficios diplomáticos, pero eso, que es como mencionar el agua bendita al diablo, aterra a un Gobierno cuyo único soporte es la represión sangrienta", dijo Jarquín, en su blog La Nicaragua Linda.

El jueves 27 de diciembre de 2018 el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el inicio del procedimiento de la aplicación de la CDI a Nicaragua y el pasado sábado 29 de diciembre solicitó al Consejo Permanente del organismo una sesión de urgencia para abordar el caso.

El martes 1 de enero de 2019 el Gobierno de Nicaragua pidió a los cancilleres de América Latina y el Caribe que la CDI no sea aplicada a su país.

El argumento de Almagro es que el Gobierno de Ortega ha provocado "una alteración del orden constitucional", ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo responsabiliza por crímenes "de lesa humanidad" contra la población nicaragüense desde el estallido social de abril pasado.

El Gobierno de Nicaragua sostiene que la CDI no se aplica a este país porque no hay un caso de golpe de Estado, aunque insiste en que Ortega fue víctima de un "intento fallido" para derrocarlo.

Jarquín, un excandidato a la Presidencia y sandinista disidente, recordó que la CDI "no fue concebida para golpes de estado tradicionales, típica conjura de militares para deponer gobiernos legítimamente elegidos, sino para impedir que gobiernos elegidos, una vez en el poder empezaran a desmontar la institucionalidad democrática, como ha ocurrido en Nicaragua".

El Consejo Permanente de la OEA analizará el caso de Nicaragua el próximo 11 de enero en Washington.

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a Cuba y Honduras, mientras que en su Asamblea General del año pasado dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela.

Para aprobar la suspensión, que es la máxima sanción de la OEA, se necesitan 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).