La liberal California se colocó la armadura para defender su legislación ecológica de vanguardia del presidente Donald Trump, que ordenó revisar la política de Estados Unidos contra las emisiones de dióxido de carbono.

Trump firmó un decreto para desmantelar el "Plan Energía Limpia" (Clean Power Plan) --una medida clave de su antecesor Barack Obama para luchar contra el calentamiento global-- e impulsar el empleo en el sector energético, sobre todo del carbón, la fuente más contaminante.

El foco de la orden presidencial está en las regulaciones sobre emisiones de gas, principalmente las de automóviles, que se inspiró en una ley de California. 

Las autoridades del gran estado del oeste de Estados Unidos, el más poblado además y bastión demócrata, desafiaron la medida, reafirmando su intención de ampliar aún más sus regulaciones sobre contaminación.

El gobernador demócrata Jerry Brown envió una carta al director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Scott Pruitt, para protestar contra este "desmesurado regalo a los contaminadores".

"California tomará las medidas necesarias para preservar los estándares actuales, proteger la salud de nuestro pueblo y la estabilidad del clima", zanjó Brown, que también criticó la demanda de los fabricantes de automóviles contra las regulaciones de la EPA.

El estado californiano lleva décadas esforzándose a limpiar el aire comprometido por las emisiones de su gigantesco parque automotor, sobre todo en Los Ángeles, donde ya no aparece aquella neblina acre de la década de 1970.

No obstante, sigue siendo la más contaminada de las grandes metrópolis estadounidenses.

Su alcalde, Eric Garcetti, también deploró el decreto Trump.

"No importa lo que pase en Washington, trabajaremos para (...) reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en 80% para 2050, y fomentar los transportes cero emisiones", aseguró.

Batalla judicial

Las normas sobre medio ambiente son fijadas por el gobierno federal pero, debido al grave problema de esmog que tenía, California fue autorizada a adoptar medidas más estrictas a través de una ley del Aire Limpio (Clean Air Act) de 1970.

Y, por ejemplo, más de la mitad de los vehículos ecológicos de Estados Unidos están en este estado entre incentivos y regulaciones.

La EPA siguió otorgando la autorización a California, con alguna que otra diatriba en el camino, como la que tuvo con el gobierno de George W. Bush (2001-2009). Una docena de estados comenzaron a copiar sus normas ambientales hasta que Obama las hizo ley federal.

El gobierno Trump quiere revertir esa decisión, pero no ha dicho cómo. Podría simplemente anular la ley de Obama, respetando el derecho de California y los otros estados que le siguieron. O decretar que todos deben ceñirse por las medidas de Washington, lo que llevaría seguramente a una feroz batalla judicial.

Una tercera opción sería que el Congreso revoque el Clean Air Act. "Es la que más tememos", indicó Stanley Young, portavoz del Consejo californiano de Recursos del Aire (CARB).

California tiene un historial de éxito en casos ambientales en la justicia, indicó Cara Horowitz, profesora de Derecho Ambiental de la universidad UCLA.

El argumento del estado, indicó la experta, puede centrarse en las enfermedades producto de la contaminación, a las consecuencias de la larga sequía y a la vulnerabilidad que produce el cambio climático a su extensa costa de 1.350 km.

Pero en esta eventual batalla hay un nuevo elemento: Pruitt niega el calentamiento del planeta.

"Eso no cambia la ciencia o la ley", replicó Young. "La Corte Suprema tomó una decisión en 2007 indicando que los gases de efecto invernadero pueden ser controlados a través del 'Clean Air Act'".

Con todo, Young entiende la dimensión del reto que tiene por delante porque, explicó, Pruitt es abogado y pasó buena parte de su tiempo en la secretaría de Justicia de Oklahoma luchando contra el plan de Obama.

"Conoce muy bien cómo funciona la agencia y cómo causar más daño", aseguró.