Tras meses intercambiando mensajes en redes sociales alabando la violencia relacionada con el grupo extremista Estado Islámico, Leonid El Kadre de Melo dijo que era el momento de actuar.

“Quiero ser claro”, escribió en un mensaje recuperado por las autoridades brasileñas en las vísperas de los Juegos Olímpicos de Río 2016. “Mi intención es formar un grupo real y concreto” para perpetrar ataques. 

Aunque los defensores de Melo presentan el mensaje como una bravata típica de redes sociales, sus palabras alarmaron a las autoridades, preocupadas porque la cita olímpica pudiese convertirse en objetivo para los radicales.

De Melo y otros 12 hombres fueron detenidos en julio en un cateo de alto perfil amparado por una nueva ley que amplía el espectro de lo que puede ser considerado terrorismo en el mayor país de Latinoamérica. 

Este mes, él y otros siete fueron condenados a penas de prisión que van desde los seis años a los casi 16 de Melo, a quien las autoridades consideran el líder del grupo. 

El primer -y hasta el momento único- uso de la ley generó polémica en Brasil, una nación que nunca ha sufrido un ataque terrorista, en una región donde este tipo de actos son extremadamente raros. 

El exsecretario de Seguridad Pública, Jose Vicente da Silva, apuntó que la rápida reacción de las autoridades “era lo único que podía frenar este delito” y que la sentencia está justificada ante la amenaza que suponían los sospechosos. 

Pero otros sugieren que la ley va demasiado lejos. 

“Las sentencias parecen ser excesivamente severas dado lo que se sabe de los posibles atacantes”, señaló Robert Muggah, director de investigación del Igarape Institute, un centro de estudios con sede en Río que tiene una especialidad en análisis de delitos. 

Cuando el Congreso aprobó a ley antiterrorista en 2016, las autoridades estaban sometidas a una enorme presión para demostrar que podían gestionar los riesgos de seguridad durante los Juegos, especialmente ante la oleada de ataques de “lobos solitarios” en Europa y Estados Unidos, cometidos por hombres jóvenes radicalizados que decían pertenecer al grupo EI aunque habían tenido pocos contactos previos con la milicia radical. 

Muchos brasileños ven poca necesidad para una ley de este tipo: el país, con 200 millones de habitantes, tiene pocos conflictos abiertos con sus 1,5 millones de ciudadanos musulmanes.

En las últimas décadas, las agencias de inteligencia expresaron su preocupación acerca de una posible actividad terrorista en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, pero los residentes en la zona afirman que la región es un crisol de culturas. 

Solo tres de las decenas de miles de combatientes extranjeros en las filas del grupo Estado Islámico son brasileños, según un estudio de 2015 de Soufan Group, una empresa privada de inteligencia. 

Una preocupación más visceral para muchos es el posible mal uso de las leyes antiterroristas en un país y una región que han vivido opresivas dictaduras conservadoras que se han cobrado miles de vidas. Grupos de derechos humanos advirtieron que la vaguedad del lenguaje del texto podría ofrecer herramientas para suprimir la libertad de expresión. 

La ley considera penas de hasta ocho años de cárcel por “apología del terrorismo”, y entre 10 y 20 por “pertenencia a organizaciones terroristas”, aunque no se definen los términos “terrorismo” y “terrorista”. 

En su sentencia, el juez federal Marcos Josegrei da Silva destacó que los hombres no llegaron a planear ningún ataque, pero apuntó que “no importa si realmente había intención de traducir las declaraciones públicas de apoyo en preparativos o acciones concretas”. 

Sin embargo, muchos dudan de que los sospechosos, que se habían convertido al islam recientemente, supusiesen una amenaza serie. Algunos habían visitado Oriente Medio, aunque las autoridades no los acusaron de contactar con ninguna organización radical en el extranjero. 

Los hombres tienen edades comprendidas entre los 21 y los 42 años, proceden de diferentes regiones del país y tienen distintos niveles de educación y experiencia laboral. 

De Melo, ex mecánico de autos, pasó 13 años en prisión por asesinato en primer grado en un caso no relacionado. Israel Pedra Mesquita, de 27 años, criaba pollos. Levi Ribeiro Fernandes de Jesus, de 22, trabajó en marketing telefónico y en un supermercado. Hortencio Yoshitake, de 30, recibía unos 1.000 dólares mensuales de su madre, que vive en Japón. 

“Aún estoy aprendiendo”, dijo Yoshitake al juez al no poder responder preguntas básicas sobre el islam, según recoge la sentencia. 

Promesa de lealtad

Cuando el grupo fue arrestado, el entonces ministro de Justicia del país, Alexandre Moraes, señaló que algunos de sus miembros habían prometido lealtad a Estado Islámico a través de internet, pero que ninguno tuvo contacto personal con miembros de la milicia radical en el extranjero. 

Los sospechosos no se conocían en persona y se comunicaban a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Moraes dijo que eran “aficionados” y estaban “mal preparados”. Funcionarios apuntaron que no se hallaron referencias a objetivos concretos y menos aún a planes para atentar contra ellos. 

Sin embargo, De Melo tenía sueños grandes y peligrosos, según el fallo judicial. Hizo un llamado a otros hombres para que se unieran a él y crear un campo de entrenamiento yihadista en la frontera con Bolivia. Desde allí, escribió, podrían recaudar fondos - contaba que con unos 330 dólares por cabeza bastaría- para enviar combatientes “al califato”, los territorios de Siria e Irak que los seguidores del grupo consideran su tierra sagrada. 

“Estoy cansado de luchar con mi lengua”, escribió. 

En un mensaje en Facebook, otro de los acusados, Alisson Luan de Oliveira, se refirió a los Juegos de Río como una “excelente oportunidad”. 

Un ataque contra no musulmanes “nos pondría en los libros de historia”, escribió. 

Uno de los hombres intentó comprar un fusil de asalto AK-47 en una tienda en Paraguay en 2015, cuando comenzaron las comunicaciones entre algunos de los sospechosos. 

Rita Cristina de Oliveira, abogada de tres de los acusados, en un comunicado que apelará la decisión.