Las autoridades brasileñas continuaban este martes la búsqueda de decenas de presos que escaparon de una prisión en el norte del país, donde 56 reclusos fueron asesinados por una "venganza" entre facciones que se disputan el narcotráfico.
       
El gobierno de Amazonas reportó la fuga de 112 presos del Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj), donde estalló el motín entre el domingo y el lunes, y de 72 internos del Instituto Penal Antonio Trindade (Ipat), una unidad de detención preventiva dentro del mismo recinto.
       
Según las últimas informaciones disponibles, sólo 40 de estos 184 fugitivos fueron recapturados.
       
Un vasto dispositivo de búsqueda fue montado en la región, donde la policía bloqueó las principales vías de acceso a las prisiones.
       
La rebelión se desató el domingo por la tarde en el Compaj, en una zona periférica de Manaos, tras un choque entre dos grupos criminales: el Primer Comando de la Capital (PCC), originario de Sao Paulo, y el grupo local Familia del Norte (FDN).
       
El motín fue contenido 15 horas después.
       
Las autoridades constataron entonces que varios de los muertos habían sido decapitados y calificaron el episodio como la mayor matanza cometida en una prisión de la Amazonía, cuya capital es Manaos. Es además la mayor matanza en una prisión brasileña desde la masacre en el presidio de Carandirú, en Sao Paulo, cuando una operación policial para controlar un motín acabó con 111 presos muertos, en 1992.
       
El episodio es investigado como una "venganza" de la FDN, que disputa las redes del narcotráfico en la región del estado de Amazonas, contra el PCC, una poderosa organización nacida a inicios de la década de 1990 en una cárcel paulista.
       
El FDN, entre otros grupos, fue objeto de una enorme operación policial en noviembre de 2015 bautizada "La Muralla", como el nombre del cuartel general del cártel de Cali, donde los jefes narcos coordinaban sus crímenes. Para la policía brasileña la estructura, los objetivos y el modus operandi de la organización en Amazonas -que tiene frontera con Perú, Colombia y Venezuela- recuerda este cártel colombiano.
       
La organización, que actuaba en el tráfico internacional de drogas, tenía una estructura muy jerarquizada y operaba también en parte desde las cárceles de Amazonas, desde donde los jefes ordenaban crímenes y dictaban sentencias de muerte. En los últimos años, el cártel habría integrado a sus filas a miles de personas, informó la policía en ese momento.
       
Prisiones de máxima seguridad
       
Mientras investigan quién está detrás de la matanza en Manaos, las autoridades también trabajan para identificar los cuerpos de las víctimas.
       
"Estamos esperando la identificación de los líderes por parte del gobierno del estado (de Amazonas) que pidió que, apenas sean identificados, sean transferidos a presidios federales" de máxima seguridad, sostuvo el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, en una entrevista en Manaos la madrugada del martes.
       
Brasil tiene cuatro prisiones federales, donde son recluidos los presos considerados más peligrosos, bajo estrictas normas de vigilancia y celdas individuales, un modelo inspirado en las prisiones estadounidenses.
       
Después de la matanza también se registraron intentos de rebelión en otras cárceles de la ciudad, y unos 130 detenidos de una misma facción debieron ser trasladados de sus respectivos centros a una prisión pública que había sido desactivada, después de que recibieran amenazas de muerte, aseguró el gobierno.
       
El ministro de Justicia dijo que la semana pasada el gobierno federal transfirió recursos a los estados para crear 20.000 nuevas plazas en las superpobladas prisiones de Brasil, que permitan "separar a los líderes más peligrosos de aquellos presos no tan peligrosos".
      
El estado de Amazonas podrá sumar 1.200 lugares con estos recursos, precisó Moraes.  
       
Las cárceles del estado de Amazonas, que tiene una población carcelaria superior a los 8.800 individuos, albergan 2,59 presos por cada lugar disponible.
       
Moraes también anunció la transferencia de recursos para instalar tecnología que impida el ingreso de teléfonos celulares dentro de las cárceles.
       
Motines y enfrentamientos son comunes en las prisiones brasileñas. En octubre pasado, 25 presos murieron en una cárcel de Roraima, limítrofe con Venezuela, por un enfrentamiento entre miembros del PCC y del Comando Vermelho (CV, originario de Rio de Janeiro), las dos mayores facciones del crimen organizado en Brasil.
       
El gigante sudamericano tiene la cuarta mayor población penal del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia.
       
De acuerdo con un estudio del Ministerio de Justicia, que detalla que la mayoría de los presos son jóvenes negros, la población carcelaria era de 622.000 personas a fines de 2014.