El gobierno británico suspenderá la sesión parlamentaria hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha del Brexit, una medida calificada el miércoles de "ultraje constitucional" que dificultará a los diputados impedir una salida de la UE sin acuerdo.

La reina Isabel II aprobó la petición del primer ministro Boris Johnson de finalizar la actual sesión parlamentaria "en la segunda semana hábil de septiembre" y efectuar su tradicional discurso de inauguración de la nueva sesión el 14 de octubre, informó Downing Street. 

Es un "ultraje constitucional", lanzó inmediatamente el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que en el pasado mostró su poder bloqueando algunas de las decisiones de la primera ministra Theresa May.

"Es obvio que el propósito de esta suspensión ahora sería impedir que el Parlamento debata sobre el Brexit y cumpla con su deber de definir el rumbo del país", denunció.

El Parlamento de Westminster suspende su sesión habitualmente durante varias semanas en septiembre con motivo de las conferencias anuales de los partidos políticos, pero este año el paro será bastante más largo.

Esto dejará muy poco tiempo a los diputados, que regresan de sus vacaciones estivales el 3 de septiembre, para intentar evitar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre.

"La decisión de poner fin a la actual sesión parlamentaria (...) permitirá al primer ministro poner un nuevo programa nacional ante los diputados para su debate y escrutinio", justificó el gobierno.

También garantizará "que haya tiempo suficiente antes y después del Consejo Europeo (del 17 y 18 de octubre, ndlr) para que el Parlamento siga examinando las cuestiones de Brexit", agregó.

Evitar un Brexit sin acuerdo

Nada más conocerse la noticia, la libra esterlina se desplomó. Hacia las 08H45 GMT, la divisa británica caía 0,94% frente al euro y al dólar, cotizándose respectivamente a 91,09 peniques por un euro y 1,2179 dólares por una libra.

Carismático y controvertido, Johnson llegó al poder el 24 de julio para reemplazar a May, que se vio obligada a dimitir por su incapacidad para cumplir con el Brexit, asegurando que sacaría al país de la Unión Europea con o sin acuerdo a finales de octubre sin pedir un nuevo aplazamiento.

El martes, las fuerzas opositoras, lideradas por el izquierdista Partido Laborista, acordaron "actuar juntos para encontrar formas prácticas de prevenir un Brexit sin acuerdo, incluyendo la posibilidad de aprobar legislación y un voto de censura".

El líder laborista Jeremy Corbyn propuso presentar una moción de censura contra Johnson cuando los diputados vuelvan al trabajo la próxima semana y si la gana quiere liderar un gobierno temporal, antes de convocar elecciones legislativas.

Pero otros opositores prefieren presentar una proposición de ley que obligue al ejecutivo a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit, inicialmente previsto para el pasado 29 de marzo.

Todos sin embargo fustigaron la decisión del ejecutivo.

"Es una afrenta absolutamente escandalosa a nuestra democracia. No podemos permitir que esto suceda", afirmó el número dos laborista, Tom Watson.

Y Tom Brake, del centrista Partido Liberal Demócrata Brexit, tuiteó: "La madre de todos los parlamentos no le permitirá marginar a la asamblea de la mayor decisión que enfrenta nuestro país. Su declaración de guerra será recibida con un puño de hierro".

Según el diario The Times, Johnson, cuyo consejero David Frost viajó el miércoles a Bruselas, acusó a los diputados opositores de intentar "sabotear" su renegociación del acuerdo de divorcio.

En un referéndum en junio de 2016, los británicos decidieron por 52% de votos poner fin a más de 40 años de pertenencia al bloque europeo. Sin embargo, el Brexit fue aplazado dos veces ante el rechazo del Parlamento al Tratado de Retirada firmado por May con Bruselas en noviembre.

Durante la cumbre del G7, el pasado fin de semana en la localidad francesa de Biarritz, Johnson mostró su predisposición a llegar a un acuerdo con los 27 a condición de que saquen del Tratado la "salvaguarda irlandesa", un mecanismo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda que los euroescépticos acusan de mantener al país en las redes de la UE.