Bolivia lloraba el viernes el asesinato del viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, a manos de mineros que bloqueaban vías y con quienes intentó negociar sus reivindicaciones laborales, una protesta que para el gobierno forma parte de una conspiración política.

A raíz de la situación, los piqueteros se habían retirado de los caminos que disputaron durante tres días a punta de dinamitazos con los policías, en choques que también dejaron dos mineros muertos y unos 20 policías heridos.

Illanes, secuestrado el jueves por mineros que cortaban una ruta, fue torturado y asesinado por sus captores. Su cuerpo fue abandonado envuelto en una frazada cerca de la carretera Oruro-La Paz, que ya fue liberada al tránsito. Desde allí fue llevado de madrugada a una clínica para la autopsia legal.

"La causa de la muerte ha sido básicamente por derrame cerebral, tenemos traumatismo cerebral y torácico; tenemos también costillas fracturadas, ha sido una escena muy dura, ha habido una flagelación", dijo el fiscal de La Paz, Edwin Blanco.

Profundo dolor

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó el viernes su "profundo dolor" por el  asesinato de Illanes.

Tras reunirse en la madrugada con su gabinete de ministros en la Casa de Gobierno para analizar la situación social, Morales expresó su "profundo rechazo a los hechos que han sucedido estos días (...) y el profundo dolor que vive el pueblo boliviano" por el asesinato de su colaborador.

Illanes, asesor del sindicato cocalero, del cual el mandatario es líder hace casi 30 años, fue declarado "héroe defensor de los recursos naturales". Además el gobierno declaró "duelo por tres días a nivel nacional sin suspensión de actividades". Su cuerpo será velado en el presidencial Palacio Quemado de La Paz.

Visiblemente conmovido, Morales planteó que las autoridades judiciales "tienen que dar con los autores materiales y también intelectuales del asesinato tan cobarde del hermano Illanes".

Los principales directivos de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) mantenían en tanto silencio absoluto, en contraste con las voces de dolor e indignación. Mientras la Fiscalía allanó su sede, incautó documentación y detuvo preventivamente a diez personas.

El expresidente Carlos Mesa definió el hecho como "acto de barbarie incalificable", igual que el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé, quien se manifestó "consternado por la muerte del amigo Rodolfo Illanes".

Por su parte, en un comunicado, la ONU expresó su "más firme rechazo" y condenó "profundamente la muerte violenta del viceministro", y deploró las "protestas extremadamente violentas de los cooperativistas mineras".
       
Morales ve conspiración

"En esta movilización de Fencomin había una conspiración política y no una reivindicación social para el sector", manifestó el mandatario, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

"Siento que esta conspiración permanente está usando a discapacitados, usando al transporte privado y a los cooperativistas" para afectar al gobierno, sostuvo.

Morales, en el poder desde el 2006, recordaba así las recientes protestas contra su gobierno que han organizado transportistas y colectivos de discapacitados en demanda de mayores beneficios.

En una ceremonia militar posterior, el gobernante señaló que la protesta minera estuvo ligado a "ciertos intereses externos de grupos que quieren crear cierta inestabilidad y una conspiración".

"La próxima semana demostraremos como hay injerencia no solamente de carácter político interno, sino también externo", anunció, sin dar más detalles.

Por el momento quedó en suspenso una negociación entre Fencomin y el gobierno que debía empezar temprano en la sede de la vicepresidencia. 

Los mineros en protesta se oponen, ente otros puntos, a la norma que permite la creación de sindicatos dentro de cooperativas, pese a que, según el gobierno, esa medida no los perjudica.

El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, explicó que los mineros en realidad intentan obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, algo que prohíbe expresamente la Constitución. Además, según la autoridad, intentaban acumular más espacios de poder en el Ejecutivo.

Los mineros cooperativistas ocupan cargos en el Ejecutivo, en una Superintendencia del ramo y en el Congreso, donde cuentan con senadores y diputados. Morales también tiene alianzas políticas con sindicatos de cocaleros, mineros asalariados, campesinos, indígenas y colonos, entre otros.

AFP