Las denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos experimentaron un incremento del 9,7% en 2017 en relación con el año anterior, de acuerdo con un informe divulgado por el Pentágono.

En su informe anual sobre Acoso Sexual en el Ejército, el Pentágono señala que a lo largo del pasado año se emitieron 6.769 notificaciones, tanto a víctimas como a acusados de este tipo de acciones, frente a las 6.172 de 2016.

En total, 5.864 miembros en activo de las Fuerzas Armadas denunciaron haber sufrido algún tipo de acoso, si bien, según sostiene el informe, aproximadamente el 10 % de estos casos se produjeron antes de que las víctimas ingresaran en el Ejército.

"Teniendo en cuenta que el acoso sexual es significativamente poco denunciado, una mayor proporción de notificaciones sirve para indicar que las víctimas continúan ganando confianza en las políticas de prevención y en la respuesta de los mecanismos de justicia militares", analiza el informe.

A pesar de esa lectura optimista, la realidad es que el Ejército estadounidense se ha visto sacudido en los últimos años por diversos escándalos debido a la conducta inapropiada de algunos de sus miembros y a la falta de respuesta por parte del Departamento de Defensa.

El punto álgido de esta controversia se produjo el año pasado, cuando salió a la luz un grupo de Facebook en el que militares, principalmente de la Infantería de Marina, colgaban fotos robadas de soldados, de ambos géneros, desnudos y, en ocasiones, en actos sexuales.

Ante las críticas, el Pentágono decidió adoptar el pasado mes de febrero una nueva política para combatir el acoso en el ámbito castrense.

Este documento ponía el foco en la adopción de medidas preventivas para evitar que se produzcan este tipo de situaciones y aumentaba la capacidad de responsabilizar a los mandos superiores, con el objetivo de proteger a los miembros del Ejército.

Asimismo, se establecía la creación de una oficina para unificar las denuncias que respondería directamente al subsecretario de personal y que gestionaría las alegaciones sobre casos de acoso sexual, discriminación e inclusión racial.