El secretario general de la OEA afirmó este jueves que contempla aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua, mecanismo que puede implicar su suspensión del organismo, tras la denuncia de la CIDH de que el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad.

"Nos vemos obligados a empezar aplicación de Carta Democrática Interamericana", dijo Luis Almagro, pues "la lógica de la dictadura está definitivamente instalada" en Nicaragua.

El secretario general se expresó durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por Argentina, Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos.

La Carta Democrática de la OEA se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede desembocar en la suspensión de un miembro.

Su artículo 20 faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.

Si la Asamblea General, convocada para un período extraordinario de sesiones, constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en uno de sus miembros y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede decidir su suspensión de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes.

El caso más reciente de suspensión de un país fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. 

En cambio para Venezuela, la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido el cuórum para concretarla. En medio de la pugna, Caracas lanzó un proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril de 2019. 

"Terrorismo de Estado"

Durante la sesión de este jueves, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, ente autónomo de la OEA), Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó a "considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana".

La embajadora argentina, Paula Bertol, indicó que muchos miembros están pensando en su aplicación porque "estamos hablando de terrorismo de Estado".

El representante colombiano, Alejandro Ordóñez, señaló que el organismo debe tomar "un papel indispensable" ante la crisis que vive Nicaragua, instando también a la aplicación de la Carta.

Una ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social que derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, generó una dura represión que según la CIDH ha dejado 325 muertos y 400 detenidos. 

Para investigar las denuncias, la CIDH confirmó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI), que se desplazaron al país pero que fueron expulsados por el gobierno el 19 de diciembre. 

En Washington, el GIEI denunció en su informe, presentado el 21 de diciembre, que "el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución".

Nicaragua "rechaza y desconoce la presentación del informe", dijo el representante de Managua, Luis Alvarado.

"Nicaragua es un país soberano y exigimos respeto", agregó.

Almagro denunció que los nicaragüenses han sido despojados de todos los mecanismos de denuncia. 

"Asuman su responsabilidad, sean dignos, ya han perdido la credibilidad de la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron", instó el secretario general a los gobernantes nicaragüenses.