Por: Gerardo Raynaud D.
gerard.raynaud@gmail.com

El miércoles 8 de enero de 1964, el gobierno departamental expidió el siguiente comunicado: “…el gobierno departamental se permite comunicar a la ciudadanía que con motivo del paro decretado por el Sindicato de Choferes de Cúcuta, se han tomado todas las medidas con el fin de garantizar el orden público. Así mismo hace saber que en razón de ser un servicio público tan importante, cuenta con todos los efectivos necesarios para no admitir el movimiento iniciado y cortar de plano la paralización de transporte en el departamento. En desarrollo del deber de garantizar el orden, se han detenido varios agitadores, quienes se dedicaron únicamente a perjudicar los intereses del pueblo mediante el encarecimiento de los víveres y el impedimento de medios para llegar a los sitios de trabajo, razón, por la cual se exhorta a la ciudadanía en el sentido de que colabore con las autoridades en la conservación de la tranquilidad. No olvidarse que las directivas del transporte en la nación, especialmente ‘Analtra’, aceptaron la 
imposición del tributo a la gasolina y que precisamente son los agitadores a quienes nada les perjudica, quienes pretenden a provecharse de la situación con fines muy conocidos. Finalmente el impuesto a la gasolina decretado por el gobierno nacional no acareará nueva alza en el transporte ya que esta elevación de precios fue hecha hace varios meses”.

Un paro de transporte público, por el alza del combustible, era entonces una situación coyuntural en todo el país. Algunos pensarán que no había una razón particular, pues se podía “tanquear donde el vecino”, pero en esos años, en la frontera venezolana, no se vendía gasolina a los automóviles de placas colombianas y los precios aún, no justificaban el contrabando, y este era uno de los tantos motivos por los cuales se compraban los carros de placas del vecino país; claro, además de los bajos precios de los vehículos y las exenciones de pago de impuestos (en Venezuela, porque en Cúcuta no se pagaba, por razones obvias), la compra se hacía sin mayores restricciones, incluso se lo traían a domicilio hasta su casa y lo entregaban financiado en cómodas cuotas. No era necesario tener documentos venezolanos, solo “la plata”.

Sin embargo, a comienzos de 1964, las finanzas del gobierno colombiano se vieron afectadas por las crisis económicas que rondaban el mundo y los subsidios a la que estaban acostumbrados a darle a los distintos productos que se le entregaba a la población, empezaron a minar la economía nacional y cuando esto sucede, no les queda otra opción a los gobierno de turno sino elevar los precios, generalmente por la vía de los impuestos y esto fue lo que sucedió.

Las noticias del paro, que se dio comenzando el año, aprovechando más el “trasnochón” de las festividades de fin año que el inicio de las actividades empresariales y la temporada de vacaciones estudiantiles, se regó como pólvora por todo el país, pero el tratamiento que le dieron las autoridades, sin el uso de la acostumbrada violencia, hizo que el movimiento se desvaneciera en menos de tres días.

Pero veamos qué sucedió en la ciudad. Dicen las crónicas de la época que la situación en la capital del Norte de Santander fue de relativa tranquilidad; en la mañana, los huelguistas sembraron las calles de tachuelas y algunos exaltados atacaron a piedra vehículos particulares, obligando a sus dueños a guardarlos. Los viajeros que por vía aérea debían ir o salir del aeropuerto, debieron ser movilizados en automotores de la policía. Varios choferes trataron de bloquear el puente Internacional, pero este fue despejado rápidamente por el ejército. Otros energúmenos atravesaron unos tubos de alcantarillado, que en esos momentos se estaban instalando, en los alrededores del puente Elías M. Soto, pero la policía se encargó de quitar los obstáculos. A las diez de la mañana, hubo frente a la sede del Sindicato de Choferes, un encuentro entre policías y conductores en paro, cuando estos se resistieron a despejar el sector, pero no se registraron sino casos de leves contusiones. Uno de los vehículos más afectados fue e
l de la Alcaldía, pues las tachuelas que habían sido regadas en los alrededores del parque Santander hicieron su efecto.

El ejército y la policía desplegaron un intenso patrullaje en toda la ciudad, impidiendo que algunos extremistas pudieran prosperar en su acción subversiva. La mayoría fue embarcado en los camiones de las autoridades y abandonados en zonas retiradas del centro urbano; no se hicieron detenciones pues se consideraba que sus violaciones habían sido menores.

A las diez de la mañana, se reunieron en la gobernación las autoridades departamentales y  municipales con los comandantes de los cuerpos armados, quienes tomaron la decisión de poner a trabajar los buses urbanos con unidades del ejército a bordo. En las horas de la tarde se cumplió con este cometido, lo cual contribuyó a normalizar la situación. Mientras tanto, representantes del gobierno y directivos del Sindicato de Choferes se reunieron nuevamente para concertar fórmulas que pusieran fin al paro, sin llegar a ningún acuerdo.

Finalmente, la normalización del servicio se dio luego de una reunión de concertación con los gerentes de las diferentes empresas del ramo y los mandatarios del departamento y la alcaldía, conjuntamente con los comandantes de la policía y el ejército. A las ocho y media de la noche del viernes 10 de enero, los empresarios del transporte leyeron el comunicado mediante el cual, se levantaba el paro y se invitaba a los trabajadores del volante a reintegrarse a sus labores y a la ciudadanía en general a utilizar los servicios en todas las modalidades ofrecidas. Al parecer, lo que convenció al gremio transportador fue la notificación que previamente les fue comunicada por el gobierno nacional que se les cancelaría la licencia de funcionamiento a las empresas que se negaran a restablecer el servicio y la suspensión de la personería jurídica al sindicato, si persistían en el paro. Sin duda, esas propuestas fueron suficientemente persuasivas.