En 1948, los principales medios de comunicación lanzaron su voz de alerta sobre una disposición, que dicen, fue tomada “por lo alto”. Consternación, por decir lo menos, causó la noticia que anunciaba que a partir del primero de julio, en la Policía Nacional se ordenaba licenciar el personal íntegro de la División Norte de Santander. 

Prestaban entonces sus servicios a la institución aproximadamente 300 efectivos entre oficiales, suboficiales y agentes. 

La mayor preocupación se resumía en la pregunta del momento ¿Quién va ahora de guarnición en los corregimientos, municipios, caseríos importantes y sitios neurálgicos, amén de las alcabalas, vigilancia en la ciudad, conducción de presos, comisiones de orden público y vigilancia de la frontera?

Se leía en uno de los editoriales de los diarios de entonces “para hacer el elogio de la Policía Nacional y los valiosos servicios que prestó en el Departamento con lujo de lealtad al gobierno y a las instituciones de la república y su fidelidad que en todo tiempo hizo ostentación, gala y alarde a los imperativos de la conciencia y a la sumisión al cumplimiento del deber y a la calidad y condición de caballeros y hombres de bien, que decoraron siempre a agentes, suboficiales y oficiales, vamos a esperar que sea levantado el Estado de Sitio y gocemos de absoluta libertad de pensamiento para que nuestro panegírico no hiera la susceptibilidad y choque con la modestia de estos defensores del orden y de la sociedad.” Todo ello en razón a que en oportunidades  “algunos elementos de la institución hubieran sido víctimas del morbo de la disociación y de la anarquía de los últimos años que allí cundió con la intromisión de algunas modalidades de la política, no es óbice al reconocimiento de los grandes méritos adquiridos por la Policía Nacional a través de los tiempos, de los gobiernos y de los regímenes.” 

El desasosiego reinaba y los principales temores giraban en torno al desamparo y al desguarnecimiento de las garantías en las que quedaba la población y sus habitantes, quienes consideraban que hasta tanto, no se hiciera la debida sustitución, no podría prescindirse de ella, ya que el ejército no sería suficiente para prestar los servicios que venía prestando la Policía Nacional, debido principalmente por el escaso número de unidades y la preparación necesaria. 

Y para que quedara constancia de la necesidad de mantenerla en su lugar, en las comunicaciones que se le enviaban a los gobernantes se les aseguraba que “la conducta de la Policía Nacional durante los últimos acontecimientos fue siempre ejemplarizante y digna de todo elogio.”

Todas estas manifestaciones reflejaban los resquemores que se tenía en esos tiempos y en particular en ese año, luego de los trágicos acontecimientos de abril que desató una oleada de violencia en todo el país y que a duras penas pudo ser controlada en un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas del orden del país. 

Muy extraño resultaba ser que después de esos luctuosos eventos, que en el Departamento y en su capital revistieron tal nivel de gravedad, se tomara una decisión de esta magnitud, sin embargo, el asombro para las mismas autoridades fue mayor toda vez que la información resultó no ser cierta, razón por la cual, los mismos funcionarios tuvieron que salir a aclarar lo sucedido. 

Lo que en realidad aconteció se originó en la Contraloría Departamental, cuando la gobernación le pidió un concepto sobre la formación de un cuerpo de policía departamental. Para responder dicha solicitud, los encargados escribieron un artículo que fue publicado en el Boletín de la Contraloría en el que se presentaba un plan orgánico de un cuerpo de policía como tal; más tarde y por petición del Secretario de Gobierno se elaboró el respectivo proyecto de Ordenanza por medio de la cual se creaba la Policía Departamental del Norte de Santander, con todos los elementos que conlleva ese documento, tales como los considerandos, su exposición de motivos y el aparte resolutorio como debe presentarse todo documento legislativo. 

Leído y analizado por el ejecutivo departamental, lo consideró apropiado a sus requerimientos y necesidades, pero durante la discusión en la Asamblea surgieron posiciones divergentes con algunos diputados quienes se manifestaron contrarios a la iniciativa  por los temores de que tal cuerpo se convirtiera en una Guardia Civil, de la cual todavía guardaban ingratos recuerdos. 

Lo que el proyecto de ordenanza pedía era la supresión del contrato con el Gobierno Nacional para sostener la División Norte de Santander de la Policía Nacional por cuenta del Departamento, entre otras cosas, por razones presupuestales ya que los $99.000 que costaba el contrato para pagar los sueldos, el arrendamiento, los uniformes, las comisiones de orden público y demás gastos para el sostenimiento del servicio, eran más que suficientes para conformar un cuerpo de 400 unidades que incluía jueces de instrucción, cuerpo de detectives y demás elementos necesarios para garantizar la seguridad de las personas. 

En ninguna parte del proyecto ni de los estudios previos se tocaba el tema de la proscripción de la Policía Nacional, toda vez que el gobierno está en la obligación de sostener en la región una división de policía, más aún, dada su condición de frontera. Con estas aclaraciones se dio por aclarado el malentendido. 

Igualmente el proyecto de Ordenanza tampoco fue aprobado y todo quedó tal cual.

Gerardo Raynaud D. | gerard.raynaud@gmail.com