Fueron, tal vez, los romanos quienes tuvieron conciencia del conocimiento que debían tener de su población para tomar las decisiones políticas que los convirtieron en la mayor potencia de su tiempo. Es muy probable que fueran ellos quienes implementaron los primeros censos, de manera rudimentaria pero que alcanzaban los objetivos que pretendían. Recordemos que en desarrollo de uno de estos, tuvieron que trasladarse a su lugar de origen Jesús y María para cumplir con las normas que exigía el empadronamiento que permitió que Jesús naciera en Belén, según nos cuenta la tradición. Pues bien, en el año en mención, el gobierno nacional se empeñó en realizar el Censo General de la República, el primero que se ejecutó de manera técnica y que permitió precisar y determinar el plano de civilización en que vivía la nación colombiana. Dicen las crónicas de la época que el resultado de este censo será “[…] el consultorio general donde se inspire el pensamiento colombiano para guiar la aplicación de sus energías”.

Sólo dos siglos después del Descubrimiento de América, consideraba el gobierno hispano que este pedazo de tierra representaba un preciado dominio y se tomó la determinación de medir su importancia para conocer los centros de población y poder llevarles la acción protectora del gobierno, así pues, comenzó la historia de los censos en el país. Aunque en 1787, el arzobispo virrey reunió algunos datos con los cuales elaboró el primer empadronamiento general, éste no fue considerado como un censo propiamente dicho. Los censos oficiales, en Colombia, comenzaron a realizarse cuando la nación, ya independiente, y bajo la administración del general Santander, entonces presidente, en julio de 1825 recopiló los datos que constituyen la información del primer censo teórico del país. Como dato curioso, para ese año no aparecen las cifras de población de la ciudad de Cúcuta que debía tener entonces alrededor de cuatro mil habitantes, según las proyecciones de las cifras conocidas de la época. El segundo censo fue llevado a cabo ocho años más tarde, en la época de la Nueva Granada, sin mucha técnica aún conscientes de su importancia y pareciera que se realizó más como un deber de la administración que una necesidad que sirviera para lo toma de decisiones estratégicas. Era una época de acomodo del poder político, donde esa clase de información no era tenida en cuenta, pues primaba el criterio del “buen cubero”, es decir, del empirismo sobre la técnica.

En 1845, cuando comenzaron a experimentarse la primeras sacudidas del progreso, el general Tomás Cipriano de Mosquera, en medio de tan halagadoras circunstancias, programó el cuarto censo nacional.

Durante la administración del general José Hilario López, las condiciones económicas y sociales cambiaron drásticamente, razón por la cual, se procedió al levantamiento, algo apresurado, de un nuevo censo nacional que permitiera responder a las necesidades que se habían generado con ocasión de esas nuevas circunstancias. Fue así como en 1854, se cumplió con el quinto censo.

Ya para el censo siguiente se habían establecido algunas normas jurídicas que reglamentaban su ejecución en el país y por esa razón, se dispuso mediante una ley de 1869, que el próximo censo  se realizara entre ese año y 1871, durante los periodos presidenciales de los generales Santos Gutiérrez y Eustorgio Salgar. Para ese sexto censo aparecieron con mayor claridad ciertos detalles que anteriormente no habían sido tenidos en cuenta, como la información clasificada por municipios y el estado civil de las personas. A partir de ese último año, hubo un largo interregno en el cual el país vivió sin que se formalizara censo alguno, hasta que acosado por los numerosos y graves problemas creados como resultado de las últimas guerras que viviera el país, particularmente la de los Mil Días, el entonces presidente, el general Rafael Reyes se vio en la necesidad de levantar un censo que le permitiera actualizar la información necesaria para establecer un plan de reconstrucción general en todos los campos; transcurría para entonces el año de 1905 y en buena hora, los datos recolectados sirvieron para enderezar las riendas que en el país se habían trabado. Avanzaban los primeros años del siglo XX y las vicisitudes políticas del pasado comenzaban a quedar atrás y aparecían en el horizonte un ambiente general de concordia y progreso nacionales, lo que permitió al ejecutivo de ese tiempo, encabezado por el doctor Carlos E. Restrepo, levantar en el año 1912, el octavo censo.

Comenzada la Primera Guerra Mundial, nuevamente el país se vio sumergido en una crítica situación económica y tuvo don Marco Fidel Suárez, a la sazón presidente de la república, afrontar esos problemas y antes de la terminación del conflicto mundial, ordenó la elaboración del noveno censo general, siendo para ese momento, el considerado como el más completo de todos los que se habían hecho. A mediados de 1918, cuando agonizaba el conflicto europeo, el ejecutivo nacional emprendió la tarea, gigantesca por cierto, para la época de allegar la mayor cantidad de datos para que el gobierno pudiera planificar, con un mayor grado de acierto, las actividades a emprender en beneficio del país. Durante su mandato, el presidente Marco Fidel Suárez tramitó la ley 67 de 1917, que establecía que los censos debían realizarse cada diez años, sin embargo, en 1928, a pesar del recaudo de los datos que tuvo un costo de $800.000, el Congreso negó su aprobación y tuvieron que transcurrir diez años más para que el ejecutivo nacional ejecutara el siguiente, habida cuenta del cúmulo de circunstancias que habían reformado la fisionomía de la república, entre ellas, las transformaciones que fueron presentándose al influjo del saludable movimiento colonizador y del sorprendente desarrollo de muchos núcleos urbanos por un lado, pero también de un desbordante desmejoramiento en todos los órdenes de vida a través del país. Ante esta cruda realidad, durante el mandato presidencial del doctor Eduardo Santos se procedió a la planeación, organización y ejecución del noveno Censo General de Población, realizado el 5 de julio de 1938, tal como había sido ordenado por las normas que debían seguirse para la aplicación de los censos en Colombia.

Gerardo Raynaud D.
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