En su visita más reciente a Cúcuta el presidente Juan Manuel Santos evaluó el avance del Plan de Choque diseñado por su Gobierno para contrarrestar la crisis económica que golpea los sectores de la frontera. Además, se reunió con el Gobernador del departamento, los alcaldes de Tibú y Sardinata; y los dirigentes políticos de la región.

Sin embargo, en diálogo con La Opinión habló sobre la inversión que el Gobierno nacional ha destinado para la región, el Acueducto Metropolitano para Norte de Santander, el contrabando y el precio de la gasolina.
 

¿Cuál es la fórmula del gobierno para recuperar su credibilidad en Norte de Santander?

La credibilidad se gana con hechos, presupuesto y obras que beneficien a las comunidades. En el Gobierno adelantamos importantes políticas e inversiones para Norte de Santander. Por ejemplo, las relacionadas con el Plan de Choque para Cúcuta, la Estrategia de Desarrollo Integral de la Región del Catatumbo, el Programa Regional de Inversiones del Catatumbo y el Plan Social de Asistencia.

Cúcuta atraviesa una crisis económica compleja, con un desempleo creciente en el último año y la más alta informalidad en todo el país. Hace 3 meses, en su última visita, su equipo de gobierno habló de medidas de choque para aliviar esto. ¿Cuál es el compromiso del Gobierno?

Le hablé antes del plan de choque, y lo amplío. Entre 2013 y 2015 estamos invirtiendo 1,4 billones de pesos en infraestructura vial; destinamos una línea de crédito de Findeter por 40 mil millones de pesos para la malla vial; avanzamos en la construcción de 3.300 viviendas del programa de viviendas gratis; estamos invirtiendo 100 mil millones en la construcción del acueducto metropolitano, que se suman a 188 mil millones que aporta Ecopetrol y 40 mil millones que aporta la Gobernación. A eso se suman los 8.500 millones en infraestructura para la Zona Franca de Cúcuta. Destinamos también 5 mil millones a la construcción del Centro de Convenciones. En materia de gasolina y diésel —lo hablamos en la reunión con el presidente Maduro—, el Ministerio de Minas evalúa la posibilidad de reestructurar el cálculo de precios, promediando el precio de la gasolina venezolana y la subsidiada por Colombia. Y también se estudia la ampliación del cupo para el departamento. El conjunto de políticas que hemos adelantado comienza a tener efectos que permiten anticipar una recuperación de la región en términos de empleo. Según el Dane, a corte a mayo, el Área Metropolitana de Cúcuta ha tenido un crecimiento mensual en el empleo cercano al 2 por ciento, lo que es destacable después de que el año pasado se observó una caída sostenida del 1 por ciento promedio mensual.

Canadá formalizó ante su despacho la intención de hacer la Represa del Cínera, proyecto que se podría articular con la solución planteada por Ecopetrol para construir una nueva bocatoma, para proporcionarle más agua a Cúcuta y solucionar el problema del acueducto de Los Patios y Villa del Rosario. ¿El gobierno estaría dispuesto a darle luz verde a este proyecto?

El proyecto Acueducto Metropolitano Norte de Santander, cuyo costo se estima en 328 mil millones de pesos y que está en proceso de estructuración, contempla la entrega de agua potable para los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios. Luego de varias mesas de trabajo con los actores involucrados, se están estudiando dos alternativas para la ejecución del proyecto, y se estima que en tres meses se habrá determinado su diseño definitivo. Ahora bien: independientemente de la alternativa que se seleccione para ejecutar el proyecto, no se invalidará la ejecución del Embalse de Cínera, pues este se podrá conectar al proyecto. Para la ejecución del Embalse se requiere su estructuración y la presentación del proyecto para evaluación por parte de los inversionistas interesados.

A pesar de que Norte de Santander es un departamento rico en yacimientos de gas, como el de Gibraltar, a Cúcuta la siguen relegando a surtirla desde pozos regionales, hace unos años Cerrito 1 y Cerrito 2, y hace menos de un año del pozo Sardinata de Ecopetrol en Tibú. Estos intentos, a pesar de ser promocionados con bombos y platillos e inaugurados con ministros a bordo, han resultado insuficientes por su capacidad. ¿No es este un buen momento para que el Gobierno le obsequie a la región la conexión al gasoducto Ballenas o al de Gibraltar, cuya posible conexión está a menos de 100 kilómetros de Cúcuta? Esto puede favorecer la vocación industrial para la región, cuya ausencia creemos es uno de los problemas de base para la situación de hoy.

Se han presentado inconvenientes técnicos con la producción de los campos de Petrólea, Sardinata y Tibú, razón por la cual la planta de Sardinata no ha cumplido con los pronósticos de producción establecidos, pero ya se trabaja en lograr una mayor capacidad de la planta. Además los disturbios y paros han profundizado esta situación hasta el punto que obligaron al cierre de la planta de gas desde el 21 de junio. En lo que respecta a un gasoducto que conecte Cúcuta con Gibraltar o con el gasoducto que viene desde Ballenas hacia el interior, la decisión de inversión para este tipo de infraestructura corresponde a las empresas transportadoras, o que se constituyan de acuerdo con la normatividad vigente de la CREG, y con los criterios de viabilidad técnica y económica aplicable a este tipo de proyectos.

A nivel nacional, el contrabando ha sido declarado objetivo de alto valor, y su lucha, una prioridad para el Gobierno. Sin embargo, aquí en la frontera no se percibe ninguna estrategia contra ese flagelo ¿Nuestra extensa frontera está dentro de las prioridades en esta materia?

A los contrabandistas los hemos declarado objetivos de alto valor y los combatimos firmemente con resultados positivos. En junio se posesionó como director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) el coronel Gustavo Moreno, y su prioridad es atacar y contrarrestar las mafias del contrabando. Quiero destacar que en las disposiciones del proyecto de Estatuto Aduanero se han incluido acciones para generar controles inteligentes mediante el uso de herramientas informáticas. Queremos utilizar dispositivos electrónicos de seguridad que se acondicionan a las mercancías, en las unidades de carga o en los medios de transporte, para transmitir su posicionamiento. También medidas de control en lugares de ingreso y salida de mercancías para la verificación de la carga que ingresa al país. Además, presentaremos al Congreso en esta nueva legislatura un proyecto de Ley anticontrabando, que endurezca las sanciones y brinde nuevas herramientas para combatir este delito que afecta de manera particular a las zonas de frontera.

El contrabando de gasolina por nuestro departamento ha llegado a niveles insospechados en su volumen. Y la situación de orden público frente a este tema está desbordada. ¿Qué se hace desde los altos mandos de policía y ejército para controlarla?

La Dirección de Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dian está trabajando para  contrarrestar este comercio ilícito. Vamos a contar con  de puestos de control permanentes con consignas específicas sobre combustibles, apoyo y control posterior en pasos fronterizos y corredores viales. Además de patrullajes en esos pasos, visitas a establecimientos de comercio, reuniones de coordinación entre el sector público y privado para posteriores controles, actividades de investigación criminal y verificaciones, intervenciones en zonas no cubiertas. Entre 2012 y lo que va de este año se han decomisado 344 mil galones de gasolina, 279 mil de ACPM y 3 mil unidades de gas propano, por un valor cercano a los 3 mil millones de pesos. Así mismo se han capturado 158 personas y se han incautado 186 vehículos. Como ve, sí se han hecho esfuerzos y controles, y estos se mantendrán y reforzarán para contrarrestar esta actividad ilegal.

Otro punto clave de este tema es la judicialización. Es increíble que haya pocos condenados por este tema en el país. ¿Falta legislación? ¿O hay demasiada complicidad?

La estrategia para la persecución de este tipo de delitos no puede centrarse en capturas aisladas. Lo que se busca es desarticular las bandas criminales que están detrás del hurto y contrabando de hidrocarburos. Estas bandas criminales se mueven en diversos escenarios y tienen formas delictivas complejas. El hurto de gasolina está acompañado de delitos como el porte de armas y el concierto para delinquir. La Fuerza Pública ha logrado la captura de 4.000 personas por concierto o porte de armas en las zonas de influencia de estas bandas. Esto demuestra que estamos luchando contra ese tipo de delitos en conjunto. Es importante aclarar que no luchamos contra delitos particulares sino contra grupos de crimen organizado que afectan la seguridad y tranquilidad de los colombianos.

¿Cree que los movimientos de protesta que se han gestado en estas semanas en el país, son instigados desde La Habana como parte de un plan de presión al proceso de paz?

Este Gobierno no acepta presiones indebidas. Nuestra convicción democrática es profunda y por eso no toleramos que ningún actor ilegal confunda los escenarios de luchas campesinas legítimas con lucha armada ilegítima. La movilización social se respeta y se garantiza a todos los ciudadanos, pero no aceptamos que no se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional. Ninguna democracia moderna tolera la discusión y la protesta con la justificación de las armas en medio.

¿La dificultad para resolver el tema de las Zonas de Reserva Campesina en esta región del país está relacionada con posibles concesiones mineras otorgadas a multinacionales en ese territorio?

Es necesario diferenciar los dos temas. La declaratoria de zonas de reserva campesina no está ligada a los títulos mineros. Las zonas de reserva campesina son competencia del Incoder mientras que el otorgamiento de títulos es competencia de la Agencia Nacional de Minería, que es la autoridad minera nacional, aunque las dos actividades pueden ser compatibles. En segundo lugar, hay que aclarar que, por ley, la única institución que puede establecer zonas excluidas de la minería es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad ambiental, en colaboración con el Ministerio de Minas y Energía.

Si se sabe que la zona donde se concentra el paro del Catatumbo es de influencia de Rubén Zamora, uno de los negociadores en La Habana, ¿por qué no exigirles compromiso para no generar una situación como esta?

La posición del Gobierno en este tema es contundente: no toleramos que ningún grupo ilegal se arrope en la movilización social legítima para luchar por cualesquiera que sean sus intereses. En La Habana se está conversando para terminar el conflicto. Recuerde que acá no hay cese de operaciones militares de ningún tipo y continuaremos combatiendo con la misma contundencia todas las estructuras de los grupos armados, en todos los rincones del territorio.

¿El tema de Gramalote le sigue quitando el sueño?

Desde el momento de ocurrida la emergencia, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha realizado diferentes acciones de respuesta para la comunidad afectada. Además, en este momento el Fondo Nacional de Adaptación avanza con el proyecto de reubicación y reconstrucción de la población. Mientras tanto, entre el año pasado y este se han invertido cerca de 4.600 millones de pesos en apoyo para albergues y alojamientos temporales, apoyo alimentario, apoyo logístico y asistencia técnica para la construcción del Plan Municipal de Gestión del Riesgo.