Apenas unos meses después de que la Ley de Víctimas cumpliera dos años de ser promulgada, la evaluación que hace la Procuraduría General de la Nación sobre la histórica norma es más que preocupante.

Entre los factores que llaman la atención del análisis hecho por el ente de control, se destaca la lentitud con que se ha llevado a cabo el proceso en todo el país, por cuenta de una aparente desarticulación de las entidades del Estado.

Incluso se habla de que, pese a la evolución de las normas, persiste el modelo asistencialista que antecedió a la Ley de Víctimas (1448), por lo que los beneficiarios están “atrapados en la sin salida de las ayudas humanitarias”.

Según la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, la institucionalidad no ha llegado todavía al componente reparador puesto que esas medidas están aún en su fase de diseño.

En ese sentido, el despacho alertó sobre la situación de departamentos como Norte de Santander (en particular el Catatumbo), Chocó, Nariño, Buenaventura, Valle del Cauca, y Magdalena, donde es evidente la debilidad del Estado.

“El problema es tan grande y el desgaste social es tan rápido que la ley y el Estado están atrasados conforme al fenómeno. En realidad, la Ley de Víctimas no ha reparado a nadie”, reconoció Jaime Álvarez, titular de la Procuraduría Delegada para las Víctimas.

De acuerdo con la valoración contenida en el informe que elaboró la Procuraduría, junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría para el Congreso, las víctimas en este momento tampoco tienen garantizada la no repetición.

De hecho, se advierte que en 2012 se conocieron 88 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a cerca de 10.913 hogares y 44.073 personas, aproximadamente. Y, en lo corrido de 2013 se han acompañado 18 desplazamientos masivos en los departamentos de Cauca (10), Chocó (4), Putumayo (1), Antioquia (2), Magdalena (1) y Norte de Santander (1), en los que han resultado afectadas 7.339 personas.

El informe señala que en 2012 al componente de asistencia y atención humanitaria se dedicó el 20,3% del total de los recursos previstos ($1,13 billones); a la indemnización administrativa se le asignó el 16,1% ($900.000 millones); a restitución el 13,8% ($771.000 millones) y a otras medidas de reparación, como la garantía de no repetición y medidas de satisfacción, el 3,5% ($193.000 millones).
 

La restitución

Otro aspecto de la Ley 1448 que le preocupa al Ministerio Público es el proceso de Restitución de Tierras, pues considera que se ha quedado en el formalismo, toda vez que, a pesar de los fallos judiciales que se han producido, estos no se traducen todavía en el retorno de los beneficiarios.

Según el reporte, el 80,8% de las solicitudes presentadas (35.223) están en áreas que aún no están autorizadas para la restitución por lo que la Unidad de Tierras no ha iniciado acción alguna, sobre las demandas presentadas en el país.

La Procuraduría también alertó que de los más de $6 billones que, según el Conpes, debían destinarse para el cumplimiento de la Ley de Víctimas en el año 2012, tan solo fueron asignados $5,6 billones.