En plena ofensiva militar para pacificar un país, las neveras mortuorias de un poblado de Colombia se repletaron. Entonces, recuerda el coronel Gabriel de Jesús Rincón, fueron sacados hacia una fosa común los cuerpos sin identificar de los supuestos guerrilleros y delincuentes.

Pero, en realidad esa morgue se había llenado con civiles asesinados. “Yo no maté, pero sí predispuse para que los hechos se cometieran”, confiesa Rincón.

Fue lo que marcó la caída del oficial en retiro de 53 años y destapó el peor escándalo de sangre en las Fuerzas Militares de Colombia dentro un conflicto de casi seis décadas. 

Este hombre de mirada de hierro estuvo en el Ejército 22 años antes de ser condenado por desaparición y homicidio. Entre 2006 y 2008 fue oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15, con jurisdicción en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

En esa época, la lucha militar con las guerrillas fue tan encarnizada que el tanatorio del municipio de Ocaña no dio abasto. 

En septiembre de 2008 la alcaldía y la curia, temerosas de una crisis sanitaria, gestionaron legalmente el traslado de 25 cuerpos que estaban en cuartos fríos hacia una excavación común en el paraje Las Liscas.

En el proceso, algunos terminaron siendo identificados como los restos de civiles que habían desaparecido semanas atrás y eran buscados muy lejos de ahí por sus familias. 

Rincón afirma que con la exhumación supo quiénes eran sus víctimas: jóvenes pobres que fueron engañados y llevados a Ocaña desde Soacha, una localidad próxima a Bogotá y a 740 kms del sitio donde las tropas los mataron. 

“Apoyé algunas unidades en darles algunos medios (...) Hablo de suministrarles armamento (...) para hacerlos pasar como muertos en combate”, detalla.  

El alto oficial comparte por primera vez con un medio lo que le contó a los jueces de paz y a las familias de las víctimas, dentro de un proceso de verdad y justicia con el que pretende una rebaja de pena. 

Los militares habían organizado su propio ‘body count’, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico, que arreció con la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002. 

“No denuncié y permití que las unidades que se encontraban allá, en el área de combate, hicieran esas prácticas”, reconoce Rincón. Las recompensas a los soldados incluían medallas, días de descanso, anotaciones elogiosas en el currículo o proyecciones de ascenso.

¿Casos aislados? 

Rincón pasó casi diez años en prisión. En 2017 fue condenado a 46 años por el crimen de cinco jóvenes de 20 a 25 años, que vivían en Soacha y fueron reseñados inicialmente como “caídos en combate”.

Según su relato, dos civiles que actuaban como reclutadores y con quienes no tuvo trato directo, los llevaron en autobús hasta Ocaña con la promesa de ganarse “un dinero rápido”. 

Los dos hombres y un sargento conformaban la “organización delincuencial” que actuó en este caso. 

Ya en Ocaña, la unidad Espada se ocupaba de los asesinatos. “Nunca entré a explicarles (...), lo único que les dije: van a salir a esta operación, les van a acomodar y a entregar unas personas y ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer”. 

Víctor Gómez tenía 23 años cuando viajó, engañado, a Ocaña en compañía de Jader Palacio y Diego Tamayo. “Los emborracharon y los llevaron hacia (...) un falso retén del Ejército y allí los reclutadores los entregaban (...) Al otro día amanecían muertos”, cuenta Carmenza Gómez, madre de Víctor.

La Fiscalía ha conocido 2.248 “falsos positivos” entre 1988 y 2014. El 59% de las ejecuciones ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el mandato del ahora senador Uribe (2002-2010), que siempre ha negado responsabilidad alguna. 

“Las instigaciones hacia los comandantes (eran) de tal manera que tenían que dar resultados (...) dándoles visos de legalidad”, dice Rincón. 

José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, sostiene que varios expedientes están “olvidados en la Justicia Penal Militar”, pero que una “estimación creíble” de Naciones Unidas sugiere hasta 5.000 ejecuciones.

Esto no fue de “unas pocas manzanas podridas, sino crímenes generalizados y sistemáticos”, destaca Vivanco. La Fiscalía investiga a 29 generales por estos casos.

Verdad amenazante

Rincón se sometió a la JEP, que investiga los peores crímenes cometidos por guerrilleros y militares en un conflicto con ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. 

En 2018, tras pedir perdón, recobró temporalmente su libertad a cambio de contar la verdad y reparar a sus víctimas. 

En noviembre recibió protección estatal tras un atentado fallido cuando visitaba a su hermano. Su abogada Tania Parra también ha sido amenazada. 

Veinte de los 219 militares que están bajo la jurisdicción especial cuentan con seguridad por las mismas razones. Suspendidas temporalmente por la emergencia de la pandemia de coronavirus, las audiencias judiciales se reactivaron virtualmente el 4 de mayo. 

“Contar la verdad después de un conflicto de más de 50 años (...) indudablemente implica un riesgo”, señala Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Ahora, Rincón espera el careo con sus víctimas. Quiere contarles cómo era esa “instigación y presión” que arruinó tantas vidas y lo convirtió a él en un verdugo “por favorecer unos intereses institucionales”.

“Va a ser muy difícil que nos veamos cara a cara, víctima a victimario”, dice. Las lágrimas asoman cuando se apagan las cámaras.