La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a dos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, suspendiéndolos de su cargo por 12 meses.

Se trata de los magistrados Fernando Castañeda Cantillo y Félix María Galvis Ramírez, quienes en un fallo de segunda instancia condenaron a la petrolera Ecopetrol al reintegro de un trabajador.

La falta consistió, según la Sala Disciplinaria, en adicionar a la sentencia la posibilidad de que, de no optar por el reintegro, el empleado recibiera una millonaria indemnización ($1.365 millones), cifra calculada desde el día del despido (30 de marzo de 2010) hasta que llegara a pensionarse, tomando como base el último salario recibido, con todas las prestaciones legales y extralegales que le faltaren por devengar como trabajador directo de la compañía.

Según explicó la Sala Disciplinaria, los altos funcionarios judiciales incurrieron en el incumplimiento de sus deberes previstos en el número 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 25 del decreto 2591 de 1991 y 196 de la Ley 734 de 2002. Razón por la cual, Ecopetrol elevó la solicitud de revisión del actuar de los magistrados en este caso.

Ello significa, que en la adición que los magistrados hicieron a la sentencia, condenaron a Ecopetrol a pagar “tanto el daño emergente como el lucro cesante consolidado y futuro, violando de esta manera lo previsto en los mencionados artículos. Pues, la condena que puede realizar un juez, cuando cumple funciones constitucionales, en el trámite de las acciones de tutela, es en abstracto y no puede concretar el monto de la condena. Además, solo puede condenar al daño emergente y no otra clase de condenas como el lucro cesante o perjuicios morales”, explica un aparte de la decisión.

Motivada en estos hechos, la Sala Disciplinaria precisó que los magistrados se extralimitaron en sus funciones decidiendo un asunto de aspecto económico al interior de una tutela y por fuera de los mandatos constitucionales y legales.

La falta disciplinaria imputada a Galvis y Castañeda fue a título de grave culposa, pero “no se demostró dolo en el acto a ellos reprochados, ni menos que su conducta fuera premeditada o que incidieron motivos o intereses que los llevaran a actuar de esa manera. Las pruebas arrojan la conclusión que fue la negligencia y el deber de cuidado al momento de interpretar la norma”, señaló la Sala en su decisión.

Por ahora, los funcionarios deberán apartarse de sus cargos, mientras que el trabajador en cuestión no recibió el dinero y optó por el reintegro a Ecopetrol.  

Millonarias tutelas contra el Estado

Esta no es la primera vez que el magistrado Fernando Castañeda Cantillo está vinculado en una investigación.

En septiembre de 2015, su nombre salió a relucir en un ‘carrusel’ que estaría conformado por jueces de la República y que habría puesto en peligro millonarios recursos de Ecopetrol, todo por fallar más de 900 tutelas para reconocer pensiones, presuntamente ilegales.

Caracol Noticias reveló que Castañeda Cantillo haría parte de un grupo de jueces laborales que, según investigaciones de la Fiscalía, condenaron a Ecopetrol a pagar, de manera irregular, cerca de 1.3 billones de pesos.

Félix María Galvis, compañero de sala de Castañeda, Samuel Darío Rodríguez Duarte, juez tercero laboral del circuito, y la exjueza Amparo Disney Mendoza, fallaron, en tan solo dos años, varias tutelas con las cuales reconocieron mesadas a 959 funcionarios y exempleados de la compañía.

Según la Fiscalía, al hacer esto cometieron al menos tres graves irregularidades: en primera medida, violaron una orden de la Corte Constitucional según la cual los reajustes pensionales no pueden ser concedidos por tutelas; además, juzgaron casos que estaban fuera de su jurisdicción, ya que los beneficiarios de la tutela fueron empleados en campos y oficinas de Ecopetrol de Cartagena, Sabana de Torres o Puerto Berrío, pero nunca de Cúcuta; y finalmente, habrían manipulado el sistema de repartos para que la mayoría de estas tutelas llegaran a sus despachos.

De 959 tutelas falladas, aparentemente 904 fueron conocidas por el juez Samuel Darío Rodríguez, 34 resueltas por la jueza Amparo Vega Mendoza y solo 21 por otros jueces de la jurisdicción. En ese fallo fueron reconocidas pensiones extra legales a 142 personas.

En revisiones posteriores la Corte Constitucional y la Corte Suprema encontraron que los beneficiados no cumplían con los requisitos para pedir las pensiones ni ser beneficiarios de reintegro de trabajadores y reconocimiento de estímulos salariales.

El juez Rodríguez encabeza la lista de funcionarios que serían juzgados por el delito de prevaricato.

Adicionalmente, Caracol presentó un documento en el cual se afirma que “el impacto económico de las tutelas desfavorables a Ecopetrol S.A. puede llegar a comprometer un presupuesto de 1,3 billones de pesos”.

Por su parte, la Corte revocó varias de las tutelas, pero antes de eso ya se habrían hecho efectivos los pagos y hoy siguen “embolatados” cientos de millones de pesos.

Violencia

En otros hechos, el magistrado Fernando Castañeda Cantillo protagonizó en 2014 un escándalo en Bucaramanga por agredir verbal y físicamente a una vecina, porque estacionó su vehículo en el espacio asignado al magistrado en un edificio.

La Opinión - Colprensa