Preacuerdo por fatal accidente

Román de Jesús Tamayo Gómez, el conductor de la camioneta Hyundai Tucson, quien en un accidente de tránsito acabó con la vida de la pequeña Jennifer Yulieth Montiel López y dejó herido a su hermano, llegó a preacuerdo con la Fiscalía, el cual está pendiente para revisión por parte de un juez.

El caso, ocurrido la mañana del domingo 28 de abril, estremeció al municipio de Los Patios puesto que el chofer se movilizaba con grado dos de alcoholemia.

Según se conoció, dicha negociación contempla una millonaria reparación para los familiares de los niños y un descuento en la pena para el procesado que estaría alrededor de  los cinco años de prisión por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones personales. 

También se supo que le fue suspendida la licencia de conducción por 10 años y ante las autoridades de Tránsito tiene pendiente una multa de 720 salarios mínimos diarios legales vigentes.

A un motel con tres niñas

 Un escándalo sexual tiene en el ojo del huracán a Julio César Casas Pacheco, representante legal de la empresa de seguridad privada Eagle American. Hace más de un mes, el hombre fue capturado, metros antes de entrar a un motel en el sector La Floresta, en la vía Cúcuta-Los Patios, con tres niñas de 16, 14 y 12 años.

Una jueza lo envió a la cárcel para que responda por el delito de inducción de menores de edad a la prostitución.

Sin embargo, otro juez le sustituyó la medida de aseguramiento a domiciliaria, mientras espera el próximo año el inicio del juicio en su contra.

La mala hora de Julio Casas arrancó cuando una mujer descubrió que su hija fue contactada por otra niña que le propuso un negocio: ella y otra menor venderían su virginidad a cambio de dinero. Tras la voz de alerta, dada por la madre, la Policía montó un operativo y lo capturó.

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Crímenes y angustia en la frontera 

Desde el sábado 19 de octubre, pobladores de El Escobal manifestaron la presencia de encapuchados, vestidos de negro que rondaban las trochas. 

Antes de culminar el año se contaban 22 homicidios en la línea fronteriza, cuyas víctimas en su mayoría fueron dejadas en territorio venezolano. 

De esos, más de 12 fueron levantados por las autoridades colombianas por razones humanitarias.

La situación, sumada a las constantes balaceras, generó entre algunos  pobladores de los barrios Nuevo y Viejo Escobal la venta de sus casas.

En la calle 9A del barrio Nuevo Escobal, hay 5 viviendas en venta. Otras 11 están con sus letreros de venta a lo largo de las demás calles, entre otras más . 

En el Viejo Escobal, las viviendas más cercanas a la trocha conocida como La Isla también portan letreros de ‘Se Vende’.

Los homicidios disparados en Tibú

Tibú, no solo en el casco urbano, sino también en la zona rural, vivió un ambiente sombrío todo el año. En este municipio pareciera que no hay ni Dios ni ley y quienes imponen sus reglas son los grupos armados ilegales.

Así lo demuestra el alto índice de asesinatos registrados este año. Hasta el 5 de diciembre en esa localidad iban 88 homicidios. 

Tibú, a pesar de ser un municipio pequeño, con 51.399 habitantes, es el segundo de Norte de Santander donde más se están cometiendo asesinatos. 

Al analizar las estadísticas nacionales de homicidios emitidas por Medicina Legal, hasta el 31 de agosto esta población del Catatumbo ocupaba el puesto 11, junto con Montería, entre las ciudades más violentas de Colombia. Uno de los factores que más agrava esta situación, es el alto nivel de impunidad; según las autoridades judiciales, el hecho de que estas muertes violentas se den en la zona rural, dificulta las investigaciones.

El coronel Fabián Ospina, comandante de la Policía de Norte de Santander, aseguró que el 80 por ciento de los crímenes en esta población tiene que ver con ajustes de cuentas entre grupos armados ilegales por temas de narcotráfico. 

No obstante, en Tibú las disputas entre grupos ilegales por el control de los cultivos ilícitos no son nuevas, por eso, algunos líderes de la zona tienen una hipótesis que podría estar incidiendo en el incremento de los homicidios: “la llegada de nuevas estructura armadas, como la disidencia del frente 33 de las Farc, o de grupos delincuenciales y de narcotraficantes auspiciados por carteles mexicanos, aunado a que la Policía y el Ejército está queriéndole llegar cada vez más a la población para que se vuelva sus informante”, sostuvo un líder social de la zona.

Cartel de Sinaloa en el Catatumbo 

Nueve hombres y una mujer fueron detenidos en un operativo nacional adelantado por la Policía de Antinarcóticos, señalados de pertenecer a una red de narcotráfico internacional, cuya droga salía del Catatumbo con destino a otros países, en convenio criminal con el Cartel de Sinaloa, la guerrilla del Eln y Los Pelusos.

En la audiencia se conoció que dicho cartel tendría tentáculos en los laboratorios de drogas ubicados en jurisdicción del municipio de Tibú y que la coca era sacada por diferentes vías terrestres o fluviales, como por ejemplo el río Tarra o también en caletas (tanques de combustible) de vehículos.

A la vez, que algunas de las rutas mafiosas eran por Puerto Ordaz (Venezuela) hacia Guyana y otros países o también desde La Guajira a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Para ello, se habrían construido pistas clandestinas de aterrizaje en el vecino país y en el negocio estarían involucrados funcionarios venezolanos. Lo sorprendente para las autoridades es que las coordenadas que les entregaban a los pilotos que contrataban, pagándoles hasta 300 millones de pesos por vuelo, venían en hojas de papel de un cuaderno.

El fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico que se encargó de coordinar la investigación, aseguró durante las audiencias concentradas que cada una de estas personas tenía un papel específico dentro de la organización y que todo quedó revelado en las interceptaciones telefónicas que les hicieron entre 2016 y 2018.

Imputación al alcalde César Rojas Ayala  

La Fiscalía 13 especializada de Administración Pública tiene pendiente la imputación de cargos en contra del alcalde de Cúcuta César Omar Rojas Ayala y de Isabel Márquez, secretaria de Equidad y Género, entre otros funcionarios, por las presuntas irregularidades en el programa que ofreció trabajo por seis meses a humildes cucuteños, administrado por la Corporación América Bari (Cambari), en 2016.

La audiencia prevista para octubre fue aplazada por uno de los abogados de los implicados ante el Juzgado Primero Penal Ambulante, con función de control de garantías, donde cursa el proceso por celebración indebida de contratos y otros delitos de acuerdo a la responsabilidad de cada uno en los desvíos asignados al programa por $16.000 millones.