Según sus familiares, las marchas con plantones frente al Palacio de Justicia y el apoyo brindado por parte de Edgar Díaz, gobernador de Norte de Santander, así como de Monseñor Julio César Vidal Ortiz, obispo de Cúcuta, han servido para evitar incurrir en perjuicios e injusticias de las ya conocidas en el país.

A través de una misiva enviada al presidente Juan Manuel Santos, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, el gobernador pidió que sean analizados los casos de los cuatro nortesantandereanos, quienes permanecen en la cárcel de La Picota, en Bogotá.  

“Por lo que se hizo y las cartas que se enviaron se congeló la extradición hasta que se haga una investigación y se exigió al gobierno americano que se envíe el documento de imputación para aclarar qué es lo que está sucediendo”, señaló Erminda Tarazona, esposa de Yurgen Gabriel Álvarez Gutiérrez, uno de los detenidos.

Rechazo

“Nunca he visto en mi vida que mi hijo tenga algo que ver con narcotráfico, absolutamente no y están diciendo que tiene ferreterías en el país, constructoras, salones de belleza, trituradoras, vehículos costosos, que tiene motonaves y yates, cuando por Dios no tiene ni una canoa. Es un hombre entregado a su trabajo del comercio de carnes”, señaló  Anastasio Ramírez, padre de Jair Ramírez Díaz, otro detenido.

Las capturas fueron efectuadas, a finales de enero del presente año, por la Dijín de la Policía, en coordinación con la Agencia Estadounidense ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Lorena Espinel, esposa de Adolfo León García, el tercer  capturado, dijo que se ganaban la vida comercializando gasolina cuando a él lo detuvieron.

Según la Policía, fueron, en total, 17 personas detenidas de manera simultánea, entre ellas cuatro en Cúcuta, dos en Bogotá, y una en Pailitas -Cesar- logrando la desarticulación de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia.

Fueron privadas de la libertad otras cinco personas en Puerto Rico, tres más en Estados Unidos, y otros tres notificados en cárceles norteamericanas.

“Trabajaba vendiendo gasolina, en la autopista y con lo que se ganaba, en el puesto 327 todos los días. Tiene 52 años. No entiendo por qué lo detuvieron. Nunca tuvo problema con las autoridades. Vive en Atalaya, primera etapa, en una casa paterna con seis hermanos”, señaló un hijo de Roque Caballero, el cuarto detenido.