Eduardo Fuentes Rey, de 41 años, fue condenado a 6 años de prisión por tener dentro de su vivienda, en el barrio Alfonso López, un arsenal. La Policía lo señaló como encargado de traficar y alquilar armas de fuego.

Fuentes Rey fue detenido el 24 de octubre de 2016 luego de que fuera expedida una orden de allanamiento al predio, ubicado en la calle 25 con avenida 14. Un  informante puso en conocimiento a las autoridades sobre el comercio de las armas en dicho inmueble. 

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) efectuaron la diligencia siendo atendidos por el mismo Fuentes Rey, conocido como Lalo.

Según relató la Fiscalía, en el segundo piso, en la habitación de Eduardo, hallaron dos revólveres Llama Scorpio y un silenciador, además de  varios cartuchos calibres 32, 12, 38 y 22 milímetros.

“Al requerirle el permiso respectivo de las armas y la munición, Fuentes Rey manifestó no tener documento que lo acreditara autorización para tener estas armas. Por lo tanto, se procedió a leerle sus derechos como capturado dejándolo a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata”, señaló la Fiscalía.

Para entonces, la Policía informó que las armas de fuego serían sometidas a estudios balísticos para determinar su uso en diferentes homicidios.

Preacuerdo

Tras su detención, Lalo fue presentado ante el Juzgado Octavo Penal Municipal, con función de garantías, que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra, sin que se allanara a los cargos. Le fue imputado el delito de porte ilegal de armas y municiones, de carácter agravado por el hecho de tener un silenciador, de uso privativo de las Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, el procesado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que consistió en aceptar su participación a cambio de una rebaja en la pena, eliminando el agravante del delito.

Dicho preacuerdo fue presentado ante un juzgado especializado de Cúcuta que lo aprobó y fijó para el próximo 3 de abril la lectura de la sentencia. 

Por tratarse de este tipo de  negociación, no hubo debate probatorio en juicio y así las cosas se desconoce la procedencia de las armas, así como su presunta utilización en hechos delictivos.