“Hace un año no se le escucha reír, bailar, bromear ni se pinta las cejas”, dice la madre de Ángela, mientras recuerda los días de vacaciones en los que ella le ayudaba en la peluquería, un negocio familiar.

Hace un año -reitera- que ya no se arregla el cabello y las uñas los domingos para ir toda la semana arreglada para el Colegio Adventista Maranatha, en el que estudiaba. Ya no sueña con ser médica o psicóloga porque ya no está. “Como toda joven, toda estudiante, tenía sus anhelos, sus proyectos, sus sueños. Ella siempre decía que tenía el anhelo de arreglar al ser humano”, dice Yerlis, su madre.

Su uniforme escolar cuelga intacto en el closet, los libros siguen en su bolso. Pero, ella ya no se levanta a desayunar o se despierta tarde los fines de semana o juega con Ángel, su hermano de 6 años, que aún se pregunta por qué, de repente, ya no la vio más. “Ha pasado un año, pero para nosotros esto acaba de suceder. No hemos tenido ni siquiera el tiempo como familia para procesar nuestro duelo”.

Yerlis de Aguirre aún no procesa el duelo, la pérdida de su hija, ¿cómo podría?, cuestiona. “Nadie se prepara para despedirse de un hijo de esa manera. Nos tocó recibir el cuerpo de nuestra hija y llevarlo a la sepultura inmediatamente. Este es un daño irreparable para mi familia”. 

Ángela fue violada y asesinada en marzo del 2019, su caso continúa en juicio.

Siete imputados

Son siete los imputados y privados de libertad por la muerte de la adolescente de 16 años: Joselyn Barreto, Dayana Nicieza, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla y José Zorrilla, por los delitos de cómplices necesarios en feminicidio y omisión al socorro.

A José Cedeño, primero su amigo y ahora acusado de su asesinato, le fueron imputados los cargos de feminicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias. Los imputados están recluidos en los centros penitenciarios Rodeo II y III (los 5 hombres) y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), las mujeres.

El juicio comenzó en octubre de 2019 en el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, pero hasta ahora no hay sentencia. Desde entonces, todos los lunes -antes de la cuarentena- un grupo de oenegés y mujeres feministas defensoras de los derechos humanos se plantan para exigir justicia.

La movilización del caso ha costado protestas, inéditas campañas de difusión en redes sociales, una recusación, denuncias, y bastante dolor. Fueron las redes sociales y la indignación de la opinión pública la que posicionó el caso. “El día de la audiencia preliminar, un grupo de mujeres feministas de Caracas estuvo frente al Palacio de Justicia. Todos los lunes hacen eso, les agradezco infinitamente su apoyo”, manifestó Yerlis.

El nombre de Ángela sobresalió entre los carteles púrpuras en una marcha silente emprendida en Guayana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Una representación de la lucha contra un flagelo social que ha cobrado la vida de muchas mujeres en Guayana, y en todo el territorio nacional.

Luego de cuatro aplazamientos de las audiencias en Puerto Ordaz, de que los tribunales en el estado Bolívar se hayan declarado incompetentes y luego de reiteradas dilaciones, el caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y este decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado P0rimero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se hizo la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio. 

Lo sucedido

La joven de 16 años desapareció la madrugada del 23 de marzo de 2019 en aguas del río Caroní, en el Club Ítalo Venezolano de Puerto Ordaz. Fue la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la que inició su búsqueda cuando aún no se había determinado que estaba muerta.

Su cuerpo fue hallado 3 días después, el 26 de marzo, flotando en las adyacencias del balneario El Rey. Desde entonces, inició el turbio proceso de investigación. 

La primera autopsia reveló que Ángela había muerto por asfixia mecánica por inmersión, y presentaba signos de abuso sexual, pues tenía magulladuras en su cuerpo y lesiones tanto en sus partes íntimas como en sus manos. 

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“Tenemos una foto que tomaron justo cuando hallaron el cuerpo de la niña, se puede ver que está amarrada por los brazos con un cable negro”, cuenta la madre.

Este fue el desenlace funesto de la fiesta de cumpleaños de José Cedeño. Los siente imputados zarparon con Ángela, la noche del 22 de marzo en la embarcación La Kaki hacia la isla La Terecaya, del Club Ítalo Venezolano a las 6:00 de la tarde. 

Todo esto infringiendo las normas náuticas del lugar en las que se estipula que está prohibido el tránsito a esa hora.

Algo extraño

La fiscal designada por el Ministerio Público para investigar los hechos, Emily Hernández, solicitó una segunda autopsia cuyo resultado contradijo -a favor de los detenidos- los resultados de la primera autopsia, esta vez, revelaba que Ángela no había sido violada. 

Además, solicitó al tribunal que el caso fuese procesado en un tribunal ordinario, desestimando que este fuese un caso de violencia contra la mujer. 

La abogada defensora de la familia Aguirre, Yamileth Carvajal y la opinión pública, acusaron a la fiscal de corrupción y soborno durante las pesquisas.

Justo antes de la audiencia de presentación, a mediados de abril, se filtró un audio en el que Ángela llorando aseguraba que José Cedeño la había violado. 

Por petición de la familia de Ángela, Hernández fue removida del caso. 

El flagelo parece no disminuir: hasta el 22 de enero de 2020 se registraron 14 feminicidios en Venezuela, dos de las víctimas eran menores de edad. 

*Diario La Nación para La Opinión