“Lo que se está viviendo en la región es la situación de orden público más grave de los últimos tres años”. Así calificó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, defensora de los derechos humanos en Norte de Santander, la oleada violenta que atraviesa actualmente el departamento.

Una disputa frontal por controlar el territorio en donde la producción de droga es el común denominador, como la zona del Catatumbo y la provincia de Ocaña, ha generado constantes homicidios que mantienen en vilo a la comunidad nortesantandereana.

Cañizares aseguró que la población civil ha denunciado constantemente la presencia de grupos de hombres armados en algunos municipios de la provincia de Ocaña, que no se distinguen entre guerrilleros, bandas criminales o algún otro actor armado ilegal.

Las amenazas de muerte contra líderes de organizaciones sociales y algunos pobladores han obligado a estas personas a tener que salir desplazados de sus lugares de origen.

El homicidio de tres hombres en la vereda Guarumal, del corregimiento Aspasica (Playa de Belén), ocurrido en la tarde del lunes, generó zozobra entre los habitantes, que continúan bajo el dominio de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl).

Una de las víctimas fue identificada como Pedro Daniel Sehueanes Sarabia, de 36 años; este hombre vivía en Bucaramanga, pero desde hace dos días estaba en Ocaña cuidando la casa de uno de sus familiares.

Sehueanes era mecánico. Según se conoció, este hombre prestó un carro de color gris, y se fue en compañía de otro de los hombres acribillados esa tarde; en Ábrego recogieron a la tercera víctima y siguieron su rumbo.

Versiones preliminares dejan entrever que estos tres hombres fueron interceptados y asesinados en Hacarí; posteriormente habrían sido tirados desde una camioneta en el lugar en el que los encontraron. Los tres sujetos no eran conocidos en la zona.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué grupo armado cometió el triple crimen.

Según una fuente judicial, su muerte se habría presentado tras haber sido señalados como informantes.

El personero de Hacarí, Diógenes Quintero, afirmó que en la zona donde fueron encontrados los cadáveres hay un control dominante del Epl.

“El Epl siempre ha sido un grupo muy celoso, puede ser que los hayan  acusado de informantes”, coincidió el funcionario.

Por su parte, William González, defensor regional del Pueblo en Ocaña, aseguró que constantemente desde su despacho se ha advertido a la Gobernación de Norte de Santander, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, el aumento de los hechos violentos en la región en lo corrido de este año.

“Hemos advertido el crecimiento de las acciones violentas por parte de los grupos al margen de la ley con el fin de que se haga una intervención urgente en la zona del Catatumbo”, dijo González.

El defensor aseguró que se han registrado desplazamientos en la comunidad por el riesgo latente tras los hechos violentos.

Wilfredo Cañizares no desestimó que la ofensiva que adelanta el Gobierno nacional contra el Clan Úsuga, esté teniendo efecto en Norte de Santander.

“La arremetida que está haciendo el Gobierno está teniendo efecto en la región, porque es posible que estos grupos se estén refugiando en la zona del Catatumbo”, dijo.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, convocó a un consejo de seguridad en Ocaña para el próximo viernes.

Villamizar señaló que, además de las autoridades militares, policiales y civiles, a la reunión fueron invitados los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa, Luis Carlos Villegas.

La situación de seguridad se ha agravado en los últimos días y los homicidios han aumentado, pues solo entre sábado y lunes murieron siete personas en La Playa de Belén, Tibú y El Zulia.

Sumado a estos hechos están las acciones violentas de grupos guerrilleros que dejaron dos policías y un soldado muertos en San Calixto, El Tarra y Teorama; así como las amenazas al secretario de Víctimas del departamento, Luis Fernando Niño, y el atentado contra el alcalde de El Carmen, Edwin Alberto Contreras.

*La Opinión