Cumplía sus funciones como policía en la estación de La Libertad.
Policía señalado como miembro de Los Rastrojos
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Un video que recopilaron las autoridades en medio de la rigurosa investigación contra el intendente Sthevenson Sánchez Benítez, adscrito a la Policía Metropolitana de Cúcuta, les permitió percatarse de que este hombre presuntamente era el segundo cabecilla de finanzas de la banda criminal Los Rastrojos.
Según se conoció, el mismo Sánchez, quien cumplía sus funciones como policía en la estación de La Libertad, se identificó en el video como el líder de la oficina de cobros de Los Rastrojos en Norte de Santander, mientras le exige a una de sus víctimas el pago de 50 millones de pesos, bajo amenazas contra ella y su familia.
Dicha investigación adelantada por miembros de la Comisión Investigativa contra el Crimen Organizado (Cicor 5) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, orientada desde la capital del país, con apoyo del Gaula del Ejército y la Fiscalía 127 especializada contra el crimen organizado de Cúcuta, permitió la captura del uniformado, a las 10:00 de la mañana del lunes 27 de enero, en el barrio San Luis.
Extraoficialmente se conoció que las autoridades involucraron a Sánchez en el secuestro de un empresario ocurrido en diciembre de 2018 y que posteriormente fue liberado el 28 de enero de 2019, luego de que la familia de la víctima accediera a pagar al menos 120 millones de pesos por su liberación.
“Lo que se sabe es que el policía está involucrado en varios secuestros y extorsiones cometidas en Cúcuta”, contó una fuente judicial.
Asimismo, Sánchez, presuntamente, hacía parte de Los Rastrojos desde hace seis años, fungiendo como segundo cabecilla de finanzas de esta organización ilegal que delinque en Cúcuta, Puerto Santander y en la frontera con Venezuela.
El uniformado al parecer, se encargaba de cobrar extorsiones y cometer secuestros, con lo que alimentaba a este grupo criminal comprando armamentos y material de intendencia.
Se conoció que luego de la captura del uniformado, que estaba activo en sus funciones, las autoridades pretendieron ocultar el procedimiento para que no se diera a conocer a la opinión pública.
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