A pesar de las pruebas que presentaron las autoridades en las audiencias judiciales contra el exintendente Sthevenson Sánchez Benítez, de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), por su presunta vinculación con la banda criminal Los Rastrojos, el expolicía no aceptó los cargos que le imputaron.

El coronel José Luis Palomino López, comandante de la Mecuc, aseguró que Sánchez fue enviado a la cárcel por un juez, por lo que de inmediato tramitaron el traslado a las instalaciones del Inpec.

“Luego de las audiencias, fue enviado a la cárcel. Por obvias razones fue pertinente que la Fiscalía ordenara su detención intramural, sobre todo, para que no se llevara a ninguna estación de Policía, sino de inmediato a la cárcel”, dijo el oficial.

Palomino dijo que tras la captura del uniformado, de inmediato fue destituido de la institución.

“Fue un caso positivo de la Policía, en el que se logró revelar ‘la manzana podrida’ para continuar con las investigaciones del caso. Infortunadamente se equivocó en su ética y su moral; por ello, la Policía lo capturó con una denuncia previa en el Gaula Militar”, dijo el coronel.

Palomino resaltó que en el momento no se tiene sospecha de la vinculación de otros uniformados de la Policía con la banda criminal Los Rastrojos.

El oficial dijo que con la detención de Sánchez se debilita a Los Rastrojos, así como se han atacado otras estructuras criminales que delinquen en el área metropolitana de Cúcuta, como La Línea, La Frontera y el Tren de Aragua.

Los señalamientos

Sánchez Benítez fue capturado el lunes 27 de enero, a las diez de la mañana, luego de que las autoridades conocieran un video en el que el detenido se identifica como el líder de la oficina de cobros de la organización criminal, mientras le exigía a una de sus víctimas el pago de 50 millones de pesos, bajo amenazas contra ella y su familia.

El detenido es señalado, además, de estar involucrado en el secuestro de un empresario ocurrido en diciembre de 2018 y que posteriormente fue liberado el 28 de enero de 2019, luego de que la familia de la víctima accediera a pagar al menos 120 millones de pesos por su liberación.

También se conoció que Sánchez presuntamente pertenecía a esta estructura ilegal que delinque en Cúcuta, Puerto Santander y la frontera con Venezuela, desde hacía seis años.

Sánchez, al parecer, se encargaba de cobrar extorsiones y cometer secuestros, con lo que alimentaba a este grupo criminal comprando armamento y material de intendencia.