La zozobra y la incertidumbre se siguen paseando por la zona rural de Cúcuta, especialmente por el corregimiento Palmarito, donde el martes de la semana pasada se conoció que un grupo de al menos 100 hombres armados, que se habrían identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llegó a esta población que está a 63 kilómetros del casco urbano de la capital nortesantandereana.

Quien se encargó de alertar sobre la situación fue la fundación Progresar, mediante una acción urgente en la que reveló lo sucedido en este sector, que en el pasado ha sido escenario de incursiones de grupos armados, masacres y desplazamientos, siendo la población civil la directa damnificada de estas acciones.

La situación evidenciada por Progresar no solo motivó a un grupo de congresistas a hacer un llamado formal al Presidente Iván Duque y a los ministros del Interior y Defensa para exigir presencia institucional, sino que también generó una carta dirigida al alcalde de Cúcuta y conocida por La Opinión, en la que la Defensoría del Pueblo, tras enviar una comisión de verificación a la zona, confirmó que en los territorios de Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza, Agua Clara y Guaramito, se ha observado la presencia y movilización de tropa del grupo paramilitar los Rastrojos.

“Es por ello que ante un posible e inminente riesgo de desplazamiento masivo de la comunidad del corregimiento de Palmarito, frente a las graves amenazas del grupo paramilitar de los Rastrojos si la comunidad no cede a sus exigencias, elevamos un requerimiento urgente para que se active el plan de contingencia municipal y la convocatoria del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), por ser este espacio la máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de política publica en el departamento, municipio o distrito”, dice la misiva.

Pese a las evidencias recogidas por la Defensoría y las organizaciones defensoras de derechos humanos, ayer en una rueda de prensa el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, acompañado por el coronel de la Policía Metropolitana (Mecuc), José Luis Palomino, y el coronel Ilvar Orlando González Villamil, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, aseguraron que esa incursión armada no se dio.

“Quiero comunicarles la falsedad y tendencia irregular de muchos comunicados que emanan personas y grupos, que lo único que hacen es desinformar; permanentemente en nuestra alcaldía hemos estado acompañando a todos los ciudadanos del área rural”, aseguró el mandatario de los cucuteños.

A pesar de esas declaraciones, La Opinión pudo establecer que, efectivamente, el domingo 13 de diciembre, un grupo de hombres fuertemente armados arribó hasta Palmarito, asegurándole a la comunidad que pertenecían a las AGC y que llegaban para retomar el territorio que el Eln le arrebató a los Rastrojos.

Los hombres llegaron a las veredas 5 de Mayo y Palmarito, y se instalaron en los alrededores, no en el pueblo. Al otro día, en la mañana, varias personas notaron la presencia de esa gente armada, lo que llevó a muchos de los habitantes de esa zona a recordar lo sucedido el 25 de agosto de 2013, cuando se dio una incursión armada en Palmarito, que generó la desaparicion de un líder social y posteriormente la masacre de seis habitantes de ese corregimiento, causando el desplazamiento de 600 personas hacia el casco urbano de Cúcuta.

Vea aquí:

Las autoridades responden sobre los hechos en Palmarito, zona rural de Cúcuta

¿Se repite la historia?

Ante las declaraciones del alcalde de Cúcuta, Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar, se ratificó en lo informado en la acción urgente y aseguró que es muy grave que las autoridades insistan en negar lo que es una realidad. “Esta es una incursión como las que estábamos acostumbrados a ver. Allá no han matado a nadie, pero si no se actúa a tiempo y se permite que ese grupo se quede ahí, en 5 o 6 meses va a comenzar una tragedia de masacres y asesinatos selectivos”, aseguró el defensor de derechos humanos.

Cabe recordar que precisamente en esa parte de la zona rural de Cúcuta se libra una guerra a muerte entre los Rastrojos y el Eln por el control de los cultivos ilícitos, que alcanzarían las 400 hectáreas, además del manejo del negocio del contrabando y la ruta del narcotráfico.

La historia de violencia a la que han sido sometidos los habitantes de Palmarito, los ha hecho tomar posiciones frente a la presencia de actores armados en su territorio. Por eso, cuando los hombres llegaron a esa población y sacaron a la gente de las casas para presentarse, varias voces manifestaron su decisión de no aceptar ningún actor armado, legal o ilegal, en el centro poblado. La advertencia fue clara: si se quedaban, la comunidad se desplazaba.

Ante la respuesta de la población hacia el grupo de desconocidos, estos últimos habrían citado a una reunión para el miércoles 16 de diciembre. El jueves el ejército hizo presencia en la zona, lo que generó que los  hombres armados se dividieran en cuatro grupos, y se ubicaran en los alrededores.

El coronel Ilvar González, comandante de la Brigada 30 del Ejército, sostuvo que “no es un secreto que sí hay presencia de bandidos y organizaciones ilegales en el área. Estuvimos en el sitio, hablamos con la población y recolectamos información, pero 100 bandidos en un área son fácilmente detectables, no es lógico. Sin embargo, tenemos nuestras unidades en la zona y si están, tengan la seguridad de que tendremos una confrontación y los sacaremos de su guarida. Por ahora estamos en los patrullajes y buscándolos”.

Las autoridades también manifestaron que quienes provocaron este revuelo fueron cinco hombres fuertemente armados que habrían venido del otro lado de la frontera y que pertenecerían a los Rastrojos, buscando crear miedo y que las tropas del Ejército se muevan para ellos moverse tranquilamente.

Además, el general Marcos Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército, señaló que sus tropas están regadas por toda esa zona rural y que están adelantando el plan ‘Muralla’, para frenar toda esa oleada de asesinatos que se ha registrado este año.

Pese a estas acciones, la situación en la zona rural en lo corrido del año ha sido crítica; esto no solo se refleja en las dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en marzo y agosto de este año, en las que incluyen a los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena como zonas de riesgo en el accionar violento de varios grupos armados ilegales, entre los cuales se encuentran los Rastrojos, sino que además, los homicidios han aumentado un 135%, al pasar de 17 casos en 2019 a 40 en el 2020 (ver gráfico). En lo que va del año se han registrado tres masacres en esta zona.

Lea también:

Congresistas piden acciones para el corregimiento de Palmarito

¿Por qué  quieren la zona?

Ubicado a 63 kilómetros de Cúcuta, Palmarito, como parte de la zona rural, es un corredor estratégico para cualquier actor ilegal que quiera controlar el contrabando, las extorsiones, el tráfico de armas y de droga. Según el último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en la zona rural de Cúcuta hay más de 300 hectáreas cultivadas con coca, y en su vecino Tibú, más de 16 mil, que lo convierten en el municipio con más coca del país y un caldo de cultivo más que propicio para todas las violencias que giran en torno a este negocio multimillonario.

En Palmarito hay laboratorios en los que no solo se procesa la hoja de coca de la zona rural de Cúcuta, sino parte de la que se produce en el Catatumbo. Los grupos armados que hacen presencia en esta zona se lucran con el cobro de extorsiones a palmeros, cultivadores de arroz, de limón y a los ganaderos.

Palmarito es, además, la ruta por la que se mueve el diésel venezolano que entra de contrabando a Colombia; también es la ruta de entrada del contrabando de corozo de palma de aceite desde el país vecino, consolidándose como un corredor estratégico para las finanzas de los grupos armados que ejercen el control de la zona.