Debido a los reiterados hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en Cúcuta y su área metropolitana, la Fundación Progresar emitió un comunicado dirigido al Gobierno Nacional para que se salvaguarde a la ciudanía, y se proteja el libre ejercicio de defender los Derechos Humanos.

Según la Fundación, durante el 2015 fueron reportados en la ciudad 177 homicidios, de los cuales 133 se cometieron a través de la modalidad de sicariato y se denunciaron 164 casos de personas desaparecidas. 

El comunicado señala que en los primeros días del año, se recibieron en la Fundación 17 casos de amenazas directas contra líderes comunales, de víctimas, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos.

Sumado a ello, la organización no gubernamental resalta que en la actualidad se viene desarrollando una estrategia de intimidación ciudadana en Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Sardinata, Tibú, Ocaña, Toledo, Herrán y Ragonvalia, a través de la distribución de panfletos y grafitis que anuncian la realización de las mal llamadas jornadas de ‘limpieza social’. 

“Este tipo de estrategia repudiable, es propio del actuar de grupos armados ilegales de paramilitares, bandas criminales y delincuencia organizada, que pretenden demostrar su poder a través del uso de la violencia indiscriminada, como una forma de ganar el control cuando tratan de llegar a nuevos o viejos territorios, realizando incluso masacres como las cometidas recientemente en Cúcuta y Sardinata”, asegura la Fundación.

En el comunicado, que va dirigido a Juan Fernando Cristo Bustos, ministro del Interior, y a Guillermo Rivera, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, se agrega que desde el 2005 se han venido consolidando en cada vez más amplios sectores urbanos de los principales municipios de Norte de Santander, grupos armados ilegales, así como redes mafiosas dedicadas al narcotráfico y a todo tipo de contrabando.

“Sin que haya una respuesta efectiva e integral de las autoridades, para erradicar definitivamente estos fenómenos ilegales”, finaliza el llamado de la ONG al Gobierno.

El coronel Jaime Barrera Hoyos, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que no se pronunciará sobre la comunicación enviada al Gobierno por Progresar.

*La Opinión