Luis Alberto Hernández Martínez no aprende. El  9 de agosto de 2012 fue detenido por porte ilegal de armas y condenado a 9 años de cárcel. Ayer, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta lo volvió a sentenciar por delinquir en prisión.

Según relató la Fiscalía, el 24 de diciembre de 2015, en un procedimiento rutinario de requisa a los internos por parte de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Hernández Martínez les entregó un paquete en el que portaba 45 gramos de cocaína.

Por este hecho, Hernández Martínez, de 32 años, nacido en  Tierralta (Córdoba), fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes agravado (por el hecho de perpetrarse en prisión).

Luego de que la Fiscalía presentara el pasado 2 de septiembre el escrito de acusación, el procesado llegó a un preacuerdo que consistió en aceptar su responsabilidad a cambio de degradar su conducta de autor a cómplice, lo que le representó un descuento en la pena.

Dicho preacuerdo fue aprobado; además, fue condenado a pagar una multa de $1.288.000 a favor del Estado, sin ningún otro beneficio.

Esta segunda pena se acumula a la primera, que deberá purgar en la cárcel de Cúcuta.

Hechos pasados

En la primera ocasión, Luis Alberto fue sentenciado junto a cuatro hombres y una mujer, quienes aseguraban ser los nuevos Urabeños.

La Fiscalía detalló que las detenciones se cumplieron luego de recibir los datos por parte de un informante sobre el accionar de personas al mando de alias ‘El Mico’, encargadas de homicidios, cobro de vacunas a los expendios de estupefacientes, extorsiones y tráfico de armas. Los sujetos se refugiaban en dos inmuebles del barrio Toledo Plata y otro más en el barrio Belén, donde fueron efectuadas las capturas.   

Las autoridades les incautaron una pistola Pietro Beretta, calibre 380, con un proveedor y tres cartuchos; un revólver marca Llama Martial, calibre 38, con seis cartuchos, y otro marca Smith&Wesson, calibre 38, con seis cartuchos, todos sin permiso para porte o tenencia.

Sobre la propiedad de las  armas, encontradas en un lavadero, en el inodoro y una canasta de basura, ninguno de los implicados aceptó su tenencia y guardaron silencio ante las autoridades.

Tras su detención, los hombres y la mujer fueron presentados ante el Juzgado Segundo Penal Municipal que legalizó sus capturas y les impuso medida de aseguramiento en prisión por los delitos de financiación del terrorismo y de la delincuencia organizada, y como coautores de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Agotado el debate probatorio, la Fiscalía no logró demostrar ante un juzgado especializado el delito de financiación del terrorismo y de la delincuencia organizada, pero sí el porte ilegal de las armas en que incurrieron los procesados.

Razón por la cual los cinco hombres y la mujer fueron condenados solo por un delito, sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.