Por considerar que el postulado a la ley de Justicia y Paz, Armando Alberto Pérez Betancourth, exjefe paramilitar conocido como el ‘Monstruo del Catatumbo’, incumplió los compromisos pactados con esa jurisdicción transicional, el Tribunal de Bogotá lo expulsó y le pidió a la Fiscalía que tome las medidas necesarias para “identificar y perseguir” los bienes que adquirió durante su accionar delictivo.

La Fiscalía elevó la petición de la exclusión de Pérez, quien también era conocido como ‘Camilo’, al detectarse que abandonó la zona de concentración de Santa Fe de Ralito, ubicada en Tierralta, Córdoba.

Su fuga fue detectada en octubre de 2007 cuando el ente acusador ordenó escucharlo en versión libre. Oficios, edictos y separatas fueron los mecanismos empleados para la citación que estaba prevista para el 23 de noviembre de ese año.

Lo que siguió con Pérez Betancourth es digno de una serie. Logró cambiar su identidad y asumió como nuevo nombre el de José Ignacio Álvarez Díaz, huyó hacia Venezuela y posteriormente a Panamá, donde fue detenido el 25 de agosto de 2014, es decir una década después del proceso de desmovilización promovido por el gobierno de entonces.

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El reporte de la oficina del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá da cuenta de que la detención del paramilitar fugado se produjo tras una llamada anónima “donde informan que un ciudadano extranjero mantiene una doble identidad”.

Las unidades asignadas se dirigieron al lugar y, en efecto, constataron que un colombiano identificado como José Ignacio Álvarez Díaz estaba “frente a la tienda Crocs”.

En el expediente reposa que entre el 17 de octubre de 2007 y el 3 de octubre de 2010, alias Camilo se movió a sus anchas entre Colombia y Venezuela, siempre usando los pasos legales, ya que todos sus ingresos y salidas del país están plenamente identificados. Son por lo menos 12 tarjetas de migración en las que aparece su nombre.

Tras su detención por las autoridades panameñas, participó en sesiones de versión libre confesando por lo menos 2.500 hechos delictivos y habló de los vínculos de los paramilitares con integrantes de la Policía, el Ejército, autoridades civiles, políticos y fiscales. El expediente también señala que el expara nunca entregó bienes para reparar a sus víctimas.

A consideración de la Fiscalía, Pérez Betancourth “incumplió sus compromisos debido a que se evadió del lugar de concentración con la finalidad de eludir su responsabilidad con los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. Es decir, transcurrió un lapso extenso en el que las víctimas no pudieron conocer la verdad de lo acontecido en la zona del Catatumbo”.

Así las cosas, el ente acusador basó su petición en el hecho de que Pérez Betancourth, pese a que se desmovilizó en 2004, solo empezó a verificar sus compromisos en octubre de 2014, tiempo en el que usó una identificación falsa para moverse a Venezuela y posteriormente a Panamá.

Las autoridades también lograron determinar que ‘Camilo’, usando la fachada de José Ignacio Álvarez, interpuso una tutela alegando la vulneración de varios derechos toda vez que en abril de 2007 cuando intentó tramitar el nuevo modelo de cédula, los funcionarios de la Registraduría municipal de Santo Tomás (Atlántico) le informaron que el documento había sido cancelado por muerte.

Las investigaciones descubrieron que el verdadero José Ignacio Álvarez Díaz había fallecido una década antes en la Clínica León XIII de Medellín y que despareció toda la documentación en torno a la vida y existencia del finado.

El trámite de la tutela escaló hasta el Tribunal Administrativo del Atlántico al que llegó el expediente del que para ese entonces ya se tenía concepto de la Registraduría, que al verificar en sus archivos, constató que las tarjetas de uno y de otro contenían datos iguales, pero de personas diferentes, y que había sospechas de una suplantación o de falsa identidad.

Basado en lo que tenía en su momento, el Tribunal atlanticense negó el recurso, por lo que fue impugnado quedando en manos del Consejo de Estado. Este alto tribunal falló el caso el 14 de agosto de 2008 a favor de Álvarez Díaz, es decir, alias ‘Camilo, y tumbó las resoluciones de la Registraduría que ordenaban la cancelación de la cédula por fallecimiento.

Cuando los investigadores de la Fiscalía quisieron obtener una copia del trámite de la tutela descubrieron que el expediente desapareció misteriosamente del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.

Así llegó a las filas paramilitares

Pérez Betancourth nació en Medellín el 12 de enero de 1965. A los 20 años ingresó a la Escuela Militar José María Córdova y en diciembre de 1987 se graduó como oficial del Ejército.

En su perfil, que desde Justicia y Paz se le elaboró, da cuenta de que sus primeros contactos con las facciones paramilitares se dieron en Montelíbano y Tierralta, Córdoba, donde su tío Hernán Betancourth tenía una finca que colindaba con las tierras de Fidel y Carlos Castaño, “quienes le sugirieron entrar a la carrera militar y le ofrecieron su apoyo”.

Añade el mismo registro que “además de compartir la ideología contrainsurgente, estando activo en el Ejército colaboró con las autodefensas de los prenombrados hermanos”.

Cuando ostentaba el rango de capitán fue procesado por la muerte de un labriego. Por este hecho fue detenido en junio de 1996, pero dos años más tarde se fugó del batallón Girardot, ubicado en Medellín, cuando conoció su sentencia a 27 años por ese homicidio.

Antes de que finalizara 1998 logró contactarse con Carlos Castaño quien lo acogió bajo las toldas paramilitares y, dice el expediente, fue quien le proporcionó la identidad de José Ignacio Álvarez Díaz. La labor de ‘Camilo’ fue como instructor militar en la escuela La Acuarela desde el 4 de enero de 1999 hasta abril de ese año.

A partir de ese mes fue movido a la región del Catatumbo para comandar el bloque que fue bautizado con ese nombre y que sembró el terror en Tibú, La Gabarra y El Tarra. Todas las acciones que se cometieron en esa zona le eran reportadas a Salvatore Mancuso, quien era su superior inmediato.

El 10 de diciembre de 2004 hizo parte de la desmovilización colectiva del bloque Catatumbo de las autodefensas con 1.400 hombres más y se sentó a la mesa con los delegados del Gobierno en las famosas conversaciones de San José de Ralito. El 15 de agosto de 2006 el propio Gobierno lo postuló para que se hiciera acreedor a los beneficios de Justicia y Paz.

“Criminalidad a gran escala”

“Desde su desmovilización, su voluntad nunca estuvo dirigida hacia la satisfacción de los pilares de la verdad, justicia y reparación (…) su actuar fue omisivo, reticente, renuente, evasivo e injustificado después de la desmovilización. Defraudó al Estado, al conglomerado social y a las víctimas”, sentenció la magistrada Uldi Teresa Jiménez López, ponente de la decisión.  

En la decisión, la togada repara en el hecho de que haber tomado la identidad de un fallecido obedecía a un plan para desaparecer para siempre y no regresar a contribuir con el proceso de paz suscrito entre las autodefensas y el Gobierno de entonces.

“Usufructuando la identidad de José Ignacio Álvarez Díaz el postulado no solo huyó de la zona de concentración, sino que se desplazó a Venezuela y volvió a Colombia, se movilizó tranquilamente por varias regiones de la geografía norte del país, abrió cuentas bancarias en donde movió dineros cuyo origen se desconoce y llegó al extremo de interponer una tutela para mantener su estratagema de impunidad”, dice uno de los apartes de la sentencia.

La magistrada Jiménez también hace un fuerte llamado de atención por la “constante” desaparición de expedientes, procesos y documentos del finado Álvarez Díaz que tenían que ver con alias ‘Camilo’ y cuestiona que ese extravío haya sucedido en entidades públicas.

Todo el andamiaje que se tejió alrededor de la fuga de este exjefe paramilitar fue calificado por la togada como “una criminalidad a gran escala” y bajo ese criterio le pide a la justicia ordinaria que se orienten las investigaciones para dilucidar de qué manera Pérez Betancourth logró entrar y salir del país con documentos falsos y cómo logró distintos trámites ante entidades oficiales usando el nombre de José Ignacio Álvarez Díaz (qepd).

Otras decisiones

En la providencia de la magistrada Uldi Teresa Jiménez López se exhorta a la Fiscalía para que depuren el universo de postulados a la ley de Justicia y Paz con dos objetivos puntuales. El primero, que casos como el de alias ‘Camilo’ se vuelvan a presentar y, segundo, para resolver de manera rápida la situación jurídica de los desmovilizados. 

También se pide que se identifiquen los bienes que estén a nombre de José Ignacio Álvarez Díaz y que fueron adquiridos por el exjefe paramilitar para que se inicien los procesos de extinción de dominio.