El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Cúcuta dictó medida de aseguramiento en contra de Amparo Disney Vega Mendoza y de Samuel Darío Rodríguez Duarte, quienes se desempeñaron como jueces laborales de Cúcuta. 

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El Juzgado consideró  que existían pruebas razonables de su participación en los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. En razón de la gravedad de las conductas delictivas y de los años de pena que contemplan fueron privados de la libertad, mientras avanza el juicio en su contra. 

Vega Mendoza recibió el beneficio de casa por cárcel considerando que está al cuidado total de su madre, de la tercera edad con incapacidad para caminar.  A Rodríguez Duarte  le fue ordenada su internación en una clínica especializada debido a los trastornos que padece y que lo han llevado a pensar en el suicidio, según detalló su abogada. 

Rodríguez Duarte, sufre presuntamente de un trastorno de pánico-depresivo debido a situaciones personales y de su actual situación judicial que lo mantienen recluido en una clínica de la ciudad.

El próximo 27 de abril, el Tribunal Superior de Cúcuta fijó la lectura de una sentencia condenatoria en su contra dentro de otro proceso que enfrenta por prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo.  

Por su parte, Amparo Disney suma el cuarto proceso en su contra por diferentes delitos relacionados con su desempeño como jueza laboral. En el primero de los casos fue absuelta y en otros se espera un fallo de segunda instancia.

En este caso

En esta nueva imputación de cargos, la Fiscalía anunció que también fueron llamados siete abogados, como presuntos responsables de auspiciar un entramado ilegal en el que fueron presentadas y falladas irregularmente tutelas que afectaron el presupuesto de Ecopetrol en $137.475’480.065.

Los casos por los que son investigados los togados tienen que ver con acciones judiciales que fueron emitidas entre 2010 y 2011, algunas de las cuales fueron anuladas en 2012 por la Corte Constitucional, aunque otras sí alcanzaron a ser canceladas por parte de la estatal petrolera.

En este caso de corrupción la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó el pasado 27 de febrero, a los exmagistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, Fernando Castañeda Cantillo y Félix María Galvis Ramírez, quienes deberán purgar cerca de 22 años de cárcel cada uno, luego de ser hallados culpables de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.

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