Un pago de 10 millones de pesos y una cuota mensual de $500.000, desde agosto del año pasado, venía presuntamente entregando Francisco Rogelio Niño Jaime, juez segundo de Tierras de Norte de Santander, a Maura Yolanda Jaimes Arias para que no lo implicara en el juicio que enfrenta por remates ilegales de  bienes.

La mujer, que está condenada a 123 meses y 10 días de prisión por concierto para delinquir, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares, declaró en el juicio contra Niño Jaime, como testigo ‘clave’ de la Fiscalía, sobre los hechos en que varias personas fueron estafadas producto de falsos remates o embargos.

La Fiscalía estimó en $3.020 millones el valor total de los perjuicios patrimoniales.

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Ante los magistrados de la sala penal del Tribunal Superior de Cúcuta,  Maura Yolanda juró decir la verdad de su relación con Niño Jaime y cómo llegaron a trabajar juntos en el negocio, además de sus nexos con Edgar Cruces Medina, juez primero civil municipal de Los Patios (condenado a 55 meses de prisión por los mismos hechos) y sobre los negocios con otra juez civil. 

(Maura Yolanda Jaimes Arias está condenada a 10 años de prisión.)

En tono firme, Maura Yolanda explicó que los $10 millones los recibió estando en la cárcel por intermedio de un  hombre que se identificó como representante de Niño Jaime, para que rindiera un falso interrogatorio y cambiara su versión. 

La mujer debía  asegurar que ellos tenían una relación y lo había involucrado por un tema sentimental, pero que el juez nunca la asesoró en el negocio de los remates, ni tenía nada que ver. Además, que los mensajes que se enviaban en clave por celular correspondían a otras cosas, menos al negocio de los remates. 

“Me dijeron qué tenía que decir y eso fue lo que dije”, señaló al tiempo que argumentó que el dinero lo recibió por la difícil situación económica en que se encuentra en prisión y porque consideraba que el juez estaba en deuda con ella.

Los dineros   

Maura Yolanda Jaimes Arias, de 40 años, natural de Cúcuta, cursó hasta noveno semestre de derecho en la Universidad Simón Bolívar. Desde entonces, se vinculó con una empresa recaudadora de cartera.

En enero de 2011 quedó desempleada y con su experiencia ingresó a una inmobiliaria, conociendo sobre el  tema del remate de bienes. Allí empezó todo.

Ante el estrado la mujer contó que en dicha inmobiliaria notó movimientos extraños en torno a la intermediación para los remates de inmuebles a precios muy bajos de su valor real. Así que prefirió asesorarse de su profesor Francisco Rogelio Niño Jaime, para entonces Juez Segundo Civil Municipal.

(Los estafadores, entre los que se encuentran algunos abogados, vendían casas en remate ubicadas en diferentes barrios de Cúcuta, Los Patios y Chinácota.)

La conexión entre el profesor y la estudiante fue de doble moral. Primero, porque el togado le aconsejó abandonar la inmobiliaria, ya que podrían configurarse en estafas  y que era mejor devolver  los dineros recibidos a los clientes. Pero, a la vez, iniciaron trabajos juntos, aprovechando los intereses y cercanía de cada uno con el tema.

Según dijo, Francisco Rogelio la acercó además a Edgar Cruces y a una juez civil (aún no vinculada al proceso) iniciando entre 2011 y 2014 el jugoso y rentable negocio a costa de las personas que pretendían adquirir bienes en remates.    

Las ganancias 

En 2016, Jesús Orlando Ospitia, director de Fiscalías Nacionales, sostuvo que el modo de operar de esta banda consistía en, una vez iniciado el proceso ejecutivo en contra de un deudor, el juez civil libraba el correspondiente mandamiento de pago y sobre la base de quedar saneado el crédito, disponía del remate de los bienes embargados.

“Sin embargo, lo que la investigación ha podido determinar es que, a pesar de que el deudor lograba ponerse al día con su deuda, su bien era rematado. Peor aún, los que lograban hacerse a este bien rematado, eran postores previamente concertados, sobre la base de que ya habían consignado el 70% del valor del inmueble a rematar. El 30% restante que se pagaba sobre el inmueble rematado, era lo que se repartían entre todos”, señaló.

Según lo expresado por Maura, las ganancias eran millonarias (del 50 por ciento para el juez y el otro 50 para ella y sus comisionistas) y no se devolvían dineros consignados.  Aunque de no darse un negocio, ella  prefería devolver dineros de su bolsillo para no dañar el negocio e ir por ‘peces’ más grandes. 

“Rogelio iba por el dinero a mi oficina o se lo entregaba en mi carro. A veces llegaba a donde yo estaba. Los pagos eran siempre en efectivo y las ganancias divididas en dos”, aseguró.

El testimonio de Maura fue de tal relevancia, que el abogado de Francisco Rogelio Niño no la contrainterrogó y al siguiente día renunció a la  defensa de su cliente. Por ahora,  el Tribunal espera la designación de un nuevo defensor para el procesado y solicitó garantías de protección para la testigo y su familia.   

Más implicados

Por estos hechos, en julio de 2016, Niño Jaime, Edgar Cruces Medina, Luisa María Carvajal López, oficial mayor del juzgado civil municipal de Los Patios; Wolfang Ricardo Báez Sepúlveda, secretario del juzgado civil municipal y los abogados litigantes  Farid Zafra Arias y María Cristina Uribe Vera, fueron capturados en un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación en asocio con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Maura está detenida desde el 27 de marzo 2015. Inicialmente obtuvo la detención domiciliaria, pero luego fue trasladada a prisión. En el negocio, la mujer vinculó a sus hermanos Edgar Edmundo y Américo Yesid siendo condenados a 123 meses de cárcel.

Los hermanos aceptaron los cargos el 10 de marzo de 2016, cuando se esperaba el escrito de acusación en su contra.

La Fiscalía retiró el cargo de cohecho por dar u ofrecer en contra de  Maura, por colaborar con la justicia.