Las sombras que rodean el caso de Dimar Torres

"O renuncia a su guerra jurídica o lo acabamos”. Con esta lapidaria frase, un aparente grupo armado ultimó la amenaza contra Diego Alejandro Martínez Castillo, abogado de Dimar Torres, el desmovilizado de la desaparecida guerrilla de las Farc, quien fue asesinado por un cabo del Ejército Nacional.
La intimidación, que se conoció durante esta semana contra la vida de este profesional, evocó una vez más el espiral de sombras en el que se encuentra sumido este homicidio.
Esta muerte violenta se remonta al lunes 22 de abril de este año. Aquel día, el reinsertado se debatía en la expectativa por conocer los resultados del examen de embarazo de su mujer, que era practicado en el casco urbano de Convención. Pero, la muerte se abalanzó sobre Torres, y no alcanzó a conocer la noticia de que iba a ser papá.
A siete meses de este homicidio, su hermana Yaneth Torres conserva la última conversación que sostuvo con él, por vía WhatsApp. En ella, este exguerrillero se explayaba en palabras para expresar su emoción por el estado de gestación de su cónyuge, que para ese entonces se reducía a una especulación.
“Todos estábamos seguro, porque la pareja ya tenía un retraso y también náuseas. Él estaba con esa ilusión, porque abrazaba la barriga y estaba convencido del embarazo. Como cuando usted tiene la sospecha de algo, pero no tenía la certeza de eso. Por eso, Dimar estaba ilusionado, además, por esos días, también había nacido una sobrina y mi familia estaba feliz”, relató esta mujer.
Sin embargo, la alegaría por la llegada de un nuevo miembro a la familia, se apagó con el disparo de un fusil Galil, que recibió Dimar Torres por parte del cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien estaba adscrito al batallón Operaciones Terrestres No.11 de la Fuerza de Tarea Vulcano.
Desde ese asesinato, que se registró en un paraje rural del corregimiento de Campo Alegre, los vientos de cambio y esperanza, que se cernían sobre este caserío a raíz del Acuerdo de Paz con las Farc, también se esfumaron.
“No hemos superado la muerte de mi hermano. Para nosotros es muy duro, porque no fue fácil. La forma de cómo lo mataron y todo lo que le hicieron, eso es injusto. Con el asesinato de Dimar, nos arrebataron un pedazo de la familia y de la comunidad”, indicó Marileidy Torres, otra hermana del excombatiente.
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El caso judicial
En el transcurso de este litigio judicial, las revelaciones de la Fiscalía General de la Nación le han dado la razón a la familia de Dimar Torres sobre los verdaderos móviles que rodearon esta muerte.
Aunque al principio se intentó responsabilizar al exFarc de desarmar a un soldado, las autoridades judiciales han desvirtuado estas versiones, e incluso, demostraron que Torres habría sido víctima de un plan orquestado por algunos miembros de las Fuerzas Militares, para conseguir su ejecución.
Ocho días después de esta acción armada, el cabo Gómez Robledo fue capturado y, luego, judicializado en Ocaña, por homicidio en persona protegida. A partir de ese momento, fue recluido en una guarnición militar.
No obstante, este tenebroso desenlace fue descubierto en la audiencia del 9 de septiembre, donde el ente acusador entregó unas conversaciones por WhatsApp que daban cuenta de una persecución por parte del coronel Jorge Pérez Amézquita contra el exmiliciano.
“El caso de Dimar es la punta del iceberg de un ‘modus operanti’ y de un plan criminal, que lidera un grupo de funcionarios pagados por todos nosotros para asesinar a una persona a sangre fría. Esto se trató de una ejecución sumaria por parte de uniformados que tienen la responsabilidad de mando, usado para incitar el odio desde el Gobierno Nacional”, indicó Diego Martínez, la defensa de Dimar.
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Drama en la familia Torres
Dimar Torres duró cinco años en prisión por el delito de rebelión y consiguió su libertad condicional gracias a la amnistía otorgada en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc.
Tras el regreso a su tierra natal, Dimar se dedicó de lleno al campo; cultivaba yuca, plátano y cacao, y terminó convirtiéndose en el motor económico de su hogar.
Él era reconocido como un dirigente comunal de esta comunidad rural, principalmente, por ser un ejemplo de reincorporación y por incentivar a otros compañeros a encarrilarse en la senda de cambiar las armas por palas y azadones.
“Mi hermano fue un buen hijo, un buen tío y un buen amigo. Era una persona tranquila, dedicado a prosperar en su tierra; que se preocupaba por el bienestar de mis padres y su mujer”, relató Yaneth Torres, hermana de este exguerrillero.
Ella aseguró que desde la noche del 22 de abril, el Estado no volvió aparecer en Campo Alegre. A raíz de esta pérdida, su hogar, de origen campesino, sufrió una ruptura de la que no se ha podido sobreponer.
La salud de sus padres, de 74 y 68 años, se empeoró, mientras que la esposa de Dimar y su pequeño abandonaron este hogar.
Aunque el alcalde de Convención, Hermes García, precisó que el corregimiento ha sido beneficiado por varios programas de la administración municipal, esta familia no ha accedido a la atención ofrecida por el enlace municipal de víctimas.
“Este homicidio ha sido uno de los tantos que se han presentado en este territorio (...) Estas acciones gubernamentales no responde a este insuceso”, señaló el funcionario.
Por: Gustavo A. Castillo / La Opinión
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